Varias entidades y organismos manifiestan preocupación por las modificaciones en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sostienen que se lo puede declarar inconstitucional porque atenta los pilares democráticos.
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Tras la publicación del Decreto 780/2.00024 del Poder Ejecutivo de la Nación, por el que cambia la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, diferentes entidades y organismos expresan preocupación porque sostienen que los cambios atentan contra el espíritu de la normativa, los principios constitucionales y los pilares democráticos. Radio UNNE conversa con especialistas en la materia para analizar el caso.
Mara Sesmero, profesora adjunta de la cátedra Derecho a la Información en la Facultad de Humanidades de la UNNE, alerta al aire de la 99.7, que este decreto “es completamente plausible de ser declarado inconstitucional, porque es violatorio de los principios generales que rigen la ley que intenta reglamentar”.
Indica que estos principios, en la letra original de la ley, están relacionados con la transparencia, el mayor acceso y la participación ciudadana: “El decreto cambia totalmente esa lógica”, advierte. Sostiene también que excede las funciones del Poder Ejecutivo, al inmiscuirse en atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, como ser definir el contenido de fondo de una normativa elaborada desde el Congreso.
“La Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta vital para una democracia sana. Si nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a los actos de gobierno, si no tenemos acceso a cómo se llegó a dictar una ley o un decreto, si no sabemos qué es lo que va a regir nuestra vida, ¿cómo hacemos para elegir correctamente?”, reitera la profesora adjunta.
Sesmero apunta que el decreto trae modificaciones también en la manera de ejercer el derecho constitucional, y al que Argentina como Nación se compromete a sostener a través de la adhesión a tratados internacionales. “Algo que es novedoso es que establece que puede existir un abuso en el ejercicio del derecho, lo que es un oxímoron respecto al espíritu de la ley”, dice. A esto, acota que es alarmante la nueva exigencia de brindar datos personales y justificar la solicitud de datos de los actos de gobierno.
“Nos lleva a un momento pre-normativo en Argentina, donde vamos a tener que anteponer medidas cautelares y amparos para acceder a la información. Porque si bien tenemos una ley, tenemos el acceso recortado de todas maneras por un decreto que está vigente y que no podemos pasar por alto si no es por medio de una sentencia judicial que lo ha dado por inconstitucional”, señala la profesora universitaria.
En esa misma línea, precisa que la Corte Suprema no puede fallar en abstracto ni actuar de oficio por la debida independencia de poderes. Son los ciudadanos quienes deben demostrar que sufrieron un perjuicio específico y real ante un juez de primera instancia, que también tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de alguna medida del Estado, como ser este caso un decreto del Poder Ejecutivo.
Sesmero insiste que esta medida de Javier Milei representa “un ataque profundo a la democracia, porque la información es uno de sus pilares. La imposibilidad de acceder es una forma de censura indirecta. La censura directa es prohibir o revisar una publicación un material publicable previo a la publicación, pero cuando vos no podés acceder a la información ya te están censurando antes de ejercer el derecho “, alerta.
“Como ciudadanos, la información nos pertenece”
Radio UNNE mantiene contacto con Paula Moreno Román, directora de Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Esta entidad rechaza las modificaciones que el Gobierno Nacional introduce en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”, según alertan en un comunicado.
Al respecto, Moreno Román advierte que la gestión libertaria avanza sobre que estos cambios ponen una mirada discrecional sobre qué es información pública y privada: “Esto es un ataque a la posibilidad de acceder a la información por parte de los ciudadanos y el sentido mismo de la ley, que es que ciudadanos puedan tomar contacto directo con los temas que son de interés público”.
“Es clave que no sólo como periodistas, sino que como ciudadanos comprendamos que la información pública nos pertenece. No a un gobierno o a una corporación mediática. Esto afecta a la calidad de la información. Una ciudadanía mal informada, o informada a medias, no puede tomar buenas decisiones. Es una discusión de poder, ¿el poder al servicio de qué? Lo veremos”, sostiene la directora de FOPEA en el aire de la 99.7.
También alerta que, en muchas ocasiones, las investigaciones periodísticas avanzan más que las de la Justicia, llevando a dar a conocer a la sociedad situaciones irregulares con protagonistas estatales y con recursos públicos, haciendo uso de la herramienta de acceso a la información pública: “Siempre podemos tener otra fuente pero el punto es que necesitamos validarlas con información oficial y hacer un contraste, es parte de nuestra metodología de trabajo”, señala la profesional.
Al respecto, Moreno Román acota que la modificación en la reglamentación de la normativa “es coherente con lo que venimos registrando en este vínculo tan particular que se está estableciendo entre el Gobierno y el periodismo, con una actitud muy hostil. Hay una escalada de violencia, en volumen y formas, que tiene que ver con el accionar de funcionarios de primera línea de la administración nacional, con un discurso estigmatizante hacia los periodistas”.
FOPEA lleva adelante un registro de ataques a la libertad de expresión y de prensa. De los más de 100 que llevan registrados durante este 2.024, cerca del 40% de ellos son perpetrados por el presidente, el vicepresidente o un funcionario de la gestión libertaria. “Aquí la relación de poder es asimétrica. Cuando el presidente de la Nación insulta y agravia, en redes se replica y la violencia digital se exacerba. Hay una persecución constante y nos preocupa que eso cruce la barrera y termine en otro plano”, apunta la periodista.
Esta entidad y más de 60 organizaciones civiles cuestionan el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública. En un comunicado conjunto, reafirman que el decreto representa una vuelta en materia de transparencia y acceso a la información al ampliar las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía, lo que otorga a los funcionarios públicos mayor discrecionalidad para definir qué datos de gestión es considerada de interés público y cuál se clasifica como parte de la esfera privada de las autoridades.
Mumalá, a través de su observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", expresa alarma ante la disminución de denuncias en víctimas de femicidios. En su informe por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, afirma que es el porcentaje más bajo de los últimos 5 años.
Potenciales integrantes para juicios por jurados a realizarse el año próximo son sorteados en un acto concretado en bolilleros de Lotería Chaqueña. Tiene el objetivo de armar la lista que presentará el Poder Judicial.
La presidenta del Insssep, Irene Dumrauf, presenta una denuncia contra el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons y demás integrantes del Directorio del organismo en el período 2.020 y 2.023. En la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano realiza el planteo judicial por el no pago de los seguros de vida obligatorios durante los meses de esa gestión.
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Desde la Corriente de Expresión Renovada, debe convocar a elecciones internas antes de fin de año. Afirman que el PJ chaqueño debería convocar a elecciones internas y renovar las autoridades cuyos mandatos vencen a principios del próximo año, a más tardar en abril de 2.025.
La Legislatura chaqueña sanciona la suspensión por un año la vigencia de ley que instituye el sistema de elecciones PASO. Se fundamenta en la disminución de la participación del electorado en las últimas elecciones primarias y en la reducción de los gastos.
