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El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones miembros, en una convocatoria ante medios de comunicación y periodistas de todo el país para marcar el posicionamiento del Foro respecto del proyecto de decreto firmado a comienzo de mayo, por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, el cual “produciría la ruptura con un sistema que hasta la actualidad ha permitido el acceso a todas las personas con discapacidad a una cobertura social en igualdad de condiciones”.
En la conferencia ante medios presentes en la sede de Aiepesa, el coordinador del Foro, Pablo Molero expone el documento. Además, son parte de la mesa: Valentina Bassi y Luis Guerrero, en representación de las familias y el colectivo de personas con discapacidad, respectivamente.
También muestran su adhesión Pablo Bolego, presidente de A.TRA.ES. (Asociación de Transportes Especiales de la Provincia de Santa Fe) y Josefina Bidegorry de CITED (Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad) de la provincia de Tucumán.
También concurren a la conferencia de prensa Luciano de Luca y Lilian Moreira, recientes despedidos de la ANDIS del área de accesibilidad, quienes se desempeñan como intérpretes de Lengua de Señas Argentina-Español (LSA-E) para favorecer la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y las personas oyentes.
Esta acción pública se realiza con el objetivo de abordar algunas de las más urgentes problemáticas que atraviesa el sector, a saber:
“Proyecto de Decreto para desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, el mismo plantea que “no habrá un nomenclador único”, sino que pasaría a haber aranceles de PAMI, Incluir Salud y otro de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Hoy las personas con discapacidad acceden a los mismos servicios independientemente de la cobertura de salud que posean. servicios contemplados en la Ley 24.901 y que tienen una cobertura total. Este decreto es un retroceso en materia de derechos para el colectivo de discapacidad, trabajadores e instituciones prestadoras de servicios”.
“Que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, significa que el Directorio, quién detenta esta obligación por el Decreto 1193/98, no se ocuparía en adelante de esta tarea y así dejaría de escucharse, por lo menos, el parecer de quienes brindan estas prestaciones que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del sistema.
Dejar en manos de los organismos financiadores del Sistema puede generar la fijación del arancel que ellos mismos van a tener que pagar, generando la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el Certificado Único De Discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud.
Los aranceles de las prestaciones continúan por debajo de la inflación. El atraso para el transporte es más del 100% y para las otras prestaciones es del 45% para alcanzar la diferencia nominal de 60 puntos entre los aumentos dados hasta la fecha y la inflación que se generó desde diciembre de 2023 inclusive”, expresa el Foro.
La continua campaña mediática de difamación sobre las Pensiones No Contributivas, no solo por parte de los medios sino desde ciertos funcionarios y legisladores”.
Se hace mención además “a los despidos masivos de personal en la Agencia Nacional de Discapacidad que implican no solo un prejuicio para los damnificados, también no contar más con un recurso humano esencial que costó mucho formar”.
Ante la posible efectivización de este proyecto de Decreto, el Foro se pregunta: "¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué fue lo que se evaluó para decidir tomar este camino? ¿En qué se ve beneficiado el Estado? ¿A quién consultaron para definir esta propuesta?".
Exige a los funcionarios "que revean este proyecto que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.
Anticipa que "de avanzar y de no haber ninguna respuesta por parte del Gobierno y sus funcionarios, el Foro movilizará el miércoles 29 de mayo a la Quinta de Olivos".
