Somos Monte alerta sobre los desmontes ilegales

Con respecto a un pedido de sesión extraordinaria firmada por los diputados del bloque oficialista Cambiemos: Carim Peche, Maida With, Sebastián Lazzarini, Zulma Galeano, Iván Gyoker, Dorys Arkwright, Rodrigo Pavón, Francisco Romero Castelan, entre otros, plantea que “es para el tratamiento del proyecto de Ley 1861/24 impulsado por el diputado Juan José Bergia, denunciado por la causa titulada como ‘la Mafia del Desmonte’, con fuertes vinculaciones con empresarios forestales, como Roberto Nardelli, quien en estos últimos meses fue ejecutor de desmontes ilegales, con múltiples denuncias que tuvieron trascendencia en los medios”. 

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“Esta presentación se realiza ignorando completamente las observaciones y advertencias expresadas en una reunión formal en la legislatura chaqueña, el día 04 de abril, donde participaron profesionales,investigadores, organizaciones socioambientales como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, comunidades indígenas, rurales y representantes del pueblo chaqueño”, expresan en la organización ambientalista.

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Desde Somos Monte expresan “profunda preocupación y rechazamos esta forma de legislar que avanza sin garantizar una participación ciudadana real, genuina y abierta; tal como lo exigen la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú. No se puede hablar de democracia mientras se ignoran y obstaculizan los espacios de consulta, se desestiman las voces del territorio y se favorecen los intereses del extractivismo para unos pocos empresarios”.

“La participación debe ser real no una simulación” 

“Los mecanismos de participación ciudadana deben incluir a organizaciones, expertos, ya las comunidades y pueblos indígenas que habitan los territorios”, consideran. Poco después, desde Somos Monte rechazan “cualquier modelo de participación limitada. La participación de quienes habitan y protegen los territorios debe ser plena, efectiva y con carácter vinculante, en coherencia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales”.

Más adelante, sostienen que “la madera ilegal no puede ser legitimada, tal y como expusimos, los árboles talados ilegalmente deben permanecer en el lugar ya que cumplen una función vital para la recuperación del ecosistema, protegen el suelo, fomentan la biodiversidad y permiten la regeneración natural del monte. Permitir que esta madera entre al circuito comercial es legalizar el delito y premiar a los responsables. Es una acción perversa que estimula la destrucción de nuestros bosques nativos con beneficios económicos para unos pocos”, sentencian en Somos Monte. 

“No alcanza con subir las multas, hace falta control real”

Asimismo en referencia al proyecto1861/24, señala que “propone aumentar las sanciones económicas de 4 a 10 veces el valor base por hectárea afectada no contempla el fortalecimiento institucional ni operativo de la Dirección de Bosques ni otros organismos de control. Sin monitoreo efectivo la ley se vuelve letra muerta. Los empresarios siguen desmontando e incorporan las multas como un costo más en sus negocios, como vemos que ya viene sucediendo, con la complicidad del Estado y la Cámara de Diputados. En esta práctica los montos de las sanciones siguen siendo irrisorias en comparación a las ganancias millonarias que generan las empresas forestales. Para ellas pagar una multa no representa un castigo ni un freno, sino una forma más de legalizar el daño ambiental”, dicen en un comunicado desde la organización ambientalista. 

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“La corrupción y la impunidad siguen intactas. La ley no incluye ningún mecanismo concreto para garantizar transparencia ni prevenir el encubrimiento de delitos ambientales. El transporte de madera ilegal circula sin control y las topadoras secuestradas vuelven a ser utilizadas. ¿Cómo se frenará la impunidad si no se toma en serio la corrupción estructural que protege a los desmontadores?”, se preguntan. 

“¿Quién paga la restauración ?¿Cómo se llevará adelante?

No hay mecanismos claros de ejecución ni financiamiento para la restauración ecológica .

¿Si los infractores no pagan, el Estado lo hará? ¿Con qué fondos? ¿Qué tipo de restauración se aplicará? ¿Cómo se garantizará que se efectivice? Advertimos que la restauración no puede ser una excusa para plantar monocultivos de especies exóticas como pinos o eucaliptus que dañan la biodiversidad, secan los suelos, provocan incendios y agravan la crisis ambiental”, alertan en Somos Monte.

“La ley ignora por completo las estrategias de prevención, educación ambiental, e incentivos para la producción sustentable. Hoy en día  los mismos que desmontan presentan leyes que los benefician, con total impunidad. Sin políticas de fondo que transformen el modelo, seguiremos repitiendo la misma historia de destrucción y extractivismo”, remarcan.

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“¿Quién protege a quienes denuncian?”

“El proyecto no contempla la protección de activistas, comunidades y personas que denuncian desmontes ilegales, quienes muchas veces son víctimas de persecución, amenazas y violencia. Tampoco protege a las comunidades cercanas a los desmontes que sufren impactos directos en su salud, en el acceso al agua y a una calidad de vida”, vuelven a plantear.

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Exigen: 

“Rechazo inmediato al proyecto de ley 1861/24

Participación efectiva de la ciudadanía, comunidades indígenas, organizaciones y expertos.

Penalización real de los desmontes con control estatal, transparencia y voluntad política.

Restauración ecológica con enfoque científico con especies nativas y participación comunitaria.

Protección a denunciantes y poblaciones afectadas.

Fin al saqueo a la impunidad y a las leyes hechas por los mismos ecocidas y a espaldas del pueblo.

¡Respeto a las leyes nacionales y provinciales que garantizan el derecho a un ambiente sano, dejen de obligar a que se judicialicen  sus leyes!

¡Basta de desmontes!

Basta de hacer negocios con el monte nativo”, insisten desde Somos Monte.