En la Defensoría nacional se registraron numerosos reclamos originados en la excesiva mora en la tramitación de pensiones no contributivas por invalidez (PNC), por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Los potenciales pensionados expresaron su incertidumbre ante la imposibilidad de obtener respuestas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), como tampoco de los Centros de Atención local, en cuanto a los motivos a los que obedece la falta de movimiento de sus expedientes.
Verificado el Sistema de Gestión de Trámites de la ANSES, en cada una de las quejas recibidas, pudo advertirse que la mayoría de los expedientes se encontraban demorados en la Auditoría Médica, encargada de “verificar la certificación expedida por el servicio médico de establecimiento sanitario oficial, que deberá consignar la clase y grado de incapacidad. Dicha certificación podrá ser revisada y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente”.
Se constató que en la referida auditoría hay trámites que se encuentran sin movimiento alguno desde hace más de un año y medio.
La Defensoría del Pueblo de la Nación considera que estos actos lesionan el derecho a la tutela administrativa efectiva y, consecuentemente, otros derechos fundamentales de las personas que han solicitado la prestación.
En particular se está afectando la garantía de que el procedimiento se resuelva dentro de un plazo razonable, ya que la excesiva duración de éste puede provocar un grave daño o tornar estéril el derecho cuya protección se persigue.
