Chaco On LineÍTEMS PRINCIPALES DE LA NOTICIA
Suspensión inmediata de expulsiones: Paraliza todos los procesos de desalojo que amenazan a las comunidades originarias.
Titularización definitiva: Activa el Plan Operativo de Reparación Histórica de Tierras para entregar escrituras comunitarias.
Relevamiento territorial de 3 años: Combina datos cartográficos con los testimonios orales de los ancianos y ancianas.
Mesas de trabajo participativas: Garantiza la intervención directa de representantes de cada departamento en la delimitación de sus suelos.
Gratuidad garantizada: Un Fondo Provincial cubre la totalidad de mensuras, peritajes y planos catastrales.
Protección inalienable y religiosa: Declara las tierras indisponibles para la especulación e impone 18 meses para registrar cementerios.
RESISTENCIA (Agosto de 2026).- Frente a la constante amenaza de desalojos que afecta a las poblaciones originarias, la Cámara de Diputados del Chaco evalúa el proyecto de Ley N.° 2534/2025. La propuesta, elaborada e impulsada por los diputados Rodolfo Schwartz y Rubén Guillón, busca erigir un escudo legal provincial que reemplace los efectos de la antigua Ley Nacional 26.160. De este modo, la legislación chaqueña otorga un resguardo directo y permanente a las familias de los pueblos Qom, Moqoit y Wichí para evitar su expulsión de los territorios que habitan desde tiempos ancestrales.
Ejes del Plan Operativo de Reparación Histórica
El corazón del proyecto radica en la paralización inmediata de todas las ejecuciones de desalojo en suelo provincial, al tiempo que dispone una solución de fondo mediante el Plan Operativo de Reparación Histórica de Tierras. Este mecanismo legal permite adjudicar títulos de propiedad comunitaria inalienables e inembargables. Para lograr este objetivo, la norma contempla la elaboración de un mapa territorial integral en un plazo máximo de tres años, cruzando registros oficiales con la memoria histórica que preservan los ancianos de cada comunidad.
Asimismo, la propuesta legislativa organiza mesas de trabajo en los distintos departamentos del interior provincial para que las autoridades comunitarias intervengan de manera directa en la toma de decisiones. Todo el proceso administrativo, junto con las mensuras y peritajes técnicos, cuenta con financiamiento a través de un Fondo Provincial específico, lo que asegura trámites totalmente gratuitos para las comunidades originarias.
Blindaje para sitios sagrados y estado parlamentario
Junto con la protección dominal, la ley declara la prohibición absoluta de vender, embargar o transferir tierras indígenas, retirándolas por completo del mercado inmobiliario. En materia cultural, fija un plazo de 18 meses para confeccionar el registro oficial de cementerios y sitios sagrados, estableciendo que ninguna obra puede ejecutarse en dichos predios sin el consentimiento expreso de las asambleas comunitarias.
En el ámbito legislativo, el expediente cuenta con dictámenes favorables por mayoría en la Comisión de Pueblos Indígenas y en la Comisión de Asuntos Constitucionales, manteniéndose en análisis dentro de la Comisión de Tierras a la espera de su llegada al recinto para la votación final.
