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Crisis de deuda: El 92,3% de los hogares en la Argentina acumula obligaciones financieras, y casi nueve de cada diez de estas deudas se encuentran impagas o en mora.
Mecanismos vigentes: La Facultad de Derecho de la UNNE remarca la aplicación del deber de información, el control de cláusulas abusivas y la revisión judicial de intereses abusivos mediante la Ley de Defensa del Consumidor.
Proyectos legislativos: Impulsan en el Congreso el Código de Protección de Consumidores y el Código de Implementación de Derechos del Consumidor a nivel provincial para regular la reestructuración de deudas.
Rol académico: Especialistas universitarios lideran las propuestas técnicas para frenar el impacto del endeudamiento múltiple con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
La crisis por el endeudamiento familiar se profundiza en todo el país y genera extrema preocupación. Un informe oficial del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) revela que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas permanecen impagas o en situación de incumplimiento. El estudio, abarcativo de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expone un marcado y peligroso crecimiento del endeudamiento múltiple a través de tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
Frente a este complejo escenario socioeconómico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) toma protagonismo institucional y detalla los mecanismos legales vigentes, además de impulsar proyectos legislativos tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de Corrientes para abordar la problemática de forma integral.
El doctor Sebastián Danuzzo, profesor titular de Derecho Civil y docente del Departamento de Derecho Privado de la UNNE, precisa que existen instrumentos normativos actuales, aunque advierte la urgencia de marcos regulatorios específicos de prevención. En cuanto a la legislación en debate, Danuzzo destaca el Proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, una iniciativa de origen técnico-académico que aguarda su tratamiento parlamentario. Asimismo, remarca el alcance local con el proyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor, una propuesta gestada en el ámbito universitario que prevé normas concretas para la reestructuración de deudas y la defensa activa del consumidor.
En paralelo, el especialista subraya las herramientas de contención ya disponibles en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). Entre ellas, resalta el deber de información calificado del proveedor, el control de cláusulas abusivas para frenar la capitalización desmedida de intereses, y la facultad de los magistrados para revisar la moralidad y el carácter usurario de las tasas, todo ello amparado bajo el mandato constitucional de protección de los intereses económicos de los consumidores.
