Chaco On LineNueva postergación judicial: La Cámara Segunda en lo Criminal reprograma para septiembre de 2026 el juicio por violencia institucional ocurrido en Fontana (2020), cuyo inicio estaba previsto para el 23 de junio.
Intervención del Comité: El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presenta un escrito formal exigiendo que el debate oral se realice en el menor plazo posible para evitar la revictimización.
Gravedad del caso: Se juzga a policías por ingresar sin orden judicial a una casa del barrio Banderas Argentinas y ejercer violencia física, detenciones ilegales y vejámenes contra una familia Qom, incluyendo a una menor de edad.
Antecedentes de demoras: Es la segunda vez que se suspende el juicio; en octubre de 2025 ya había sido reprogramado por superposición de agenda del tribunal.
Obligación del Estado: Se advierte que el Estado debe garantizar justicia en un "plazo razonable", especialmente al tratarse de víctimas de comunidades originarias afectadas por discriminación histórica.
RESISTENCIA (Junio de 2026)- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes del Chaco presenta una petición formal ante la Cámara Segunda en lo Criminal luego de que se suspenda el juicio oral y público por los hechos de violencia institucional ocurridos en Fontana en 2020.
A pocas semanas del inicio del debate oral previsto originalmente para el 23 de junio, el Tribunal resuelve reprogramar las audiencias para septiembre de 2026. Esta decisión implica una nueva demora en una causa por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas hace más de seis años, lo que motiva la inmediata acción del Comité para solicitar que el juicio se realice en el menor plazo posible y sin nuevas postergaciones.
La causa investiga el accionar de efectivos policiales acusados de irrumpir sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana, donde someten a integrantes de una familia de la comunidad Qom a hechos de violencia física, vejámenes y detenciones ilegales. Entre las víctimas se encuentra una adolescente.
En su presentación legal, el Comité advierte que ya transcurren más de seis años desde los hechos sin que se concrete el debate oral y público. Asimismo, recuerda que esta no es la primera suspensión del proceso: en octubre de 2025 las audiencias ya sufren una reprogramación debido a la superposición con otro proceso judicial. Por lo tanto, la nueva postergación profundiza una demora que afecta de manera directa el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial oportuna.
El organismo destaca además que las víctimas pertenecen al pueblo Qom, una comunidad históricamente afectada por situaciones de discriminación y exclusión. Al tratarse de un caso de presunta violencia institucional, la entidad sostiene que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar una investigación y un juzgamiento rápidos y efectivos.
En este contexto, el Comité solicita a la Cámara que se arbitren todas las medidas necesarias para evitar nuevas dilaciones. La entidad entiende que el transcurso del tiempo no solo compromete el acceso a la justicia, sino que también agrava el impacto psicológico y social que estos hechos generan sobre las víctimas y sus familias.
Finalmente, la presentación se fundamenta tanto en la legislación provincial y nacional de protección a las víctimas, como en los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, exigencia que se vuelve estricta en casos vinculados a la violencia institucional.
