Chaco On Line
Una medida cautelar favorable determina la suspensión de los desmontes en el Chaco, a partir de la denuncia penal propiciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra la “mafia del desmonte en Chaco” solicitada por esta organización. En ese marco, la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N°1 de Resistencia) dicta el cese de los desmontes en toda la provincia por el término de 3 meses (ampliables).
De acuerdo a la megadenuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as el pasado 3 de julio devela el “aceitado mecanismo de corrupción público/privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño”. Esta organización señala que “la jueza acaba de conceder el dictado de una medida cautelar para la suspensión de los desmontes, que habíamos solicitado en dicha demanda”.
Detalla esta asociación de abogados ambientalistas confirma que “a través de la resolución la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia”.
La denuncia penal, y posterior acusación fiscal, es contra Hernán Halavacs, gestor forestal, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, ex director de Bosques de la Provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco, entre otros.
En la denuncia penal, las acusaciones son por “los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 256 bis), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), malversación de caudales públicos (art. 260), y asociación Ilícita, entre otros”. Asimismo el fiscal solicita “la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como Vicentín; Las Guindas; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado; Grupo Buratovich Hermanos; Msu; Triad; Alejandro Hayes Coni, Ricardo Shihon Y Jerilderie; Cigra; Y La Nueva Pirámide., entre otras”.
Sostiene la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que “este dictamen es un respiro para el monte chaqueño y su gente”.
