Ante la reunión mantenida entre el Gobernador de la Provincia y autoridades del Superior Tribunal de Justicia, desde la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco afirman que “ese ámbito no es el propicio para tratar temas salariales y menos si se busca beneficios particulares para un solo sector. Ante la posibilidad de una mesa que se reúna todos los meses para tratar entre otros temas el salarial, advertimos que la obligación de los tres poderes del Estado es garantizar la presencia de los representantes gremiales en cualquier reunión en que se traten dichas cuestiones”, remarca el gremio que conduce Walter Bernard.
“Desmentimos públicamente que el sector de magistrados con sueldos mayores a los doscientos veinte mil pesos ($220.000), estén más afectados por los últimos períodos inflacionarios, que el personal judicial que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, tanto la inflación como la política diferencial desarrollada por el anterior gobierno de Peppo, afectaron a los que menos cobran, política que la actual gestión en la primer paritaria del año, se comprometió a corregir en los siguientes meses”, expresa la Unión Judicial.
“Si bien las sentencias en algunos juicios les reconoce derechos a los jueces demandantes, de ninguna forma autorizan la modificación de nuestra ley salarial de porcentualidad”, subraya. Por último, recuerda que “los cuatro gremios judiciales rechazan los ante-proyectos de Ley presentados a la Legislatura por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco, porque pretenden modificar la escala salarial vigente en la Ley 468-A (antes 2895), derecho de propiedad del personal judicial, disminuyendo los porcentajes de los trabajadores en la grilla salarial y manteniendo los de los jueces”.
