Cristaldo reivindica los 5 años del Ni Una Menos

“Primero creo necesario contextualizar esta actividad en el marco del "Día Provincial de la No Violencia contra la Mujer", instituido por Ley 3013-E, en honor a la jornada histórica vivida en todo el país el día 03 de junio de 2.015, bajo el lema: "#NiUnaMenos". Segundo, que nos encontramos dentro de un estado de Emergencia Social por Violencia de Género, en todo el ámbito de la Provincia, declarada por Ley Nro. 3025-G, desde el 26 de junio de 2019 y por el término de dos (2) años, con el objetivo principal de revertir el número de víctimas por violencia contra la mujer y las identidades femeninas en todas sus formas en el territorio de nuestra Provincia, reforzando la política preventiva en la materia, optimizar y unificar los esfuerzos y recursos estatales y de la sociedad civil para la plena aplicación y vigencia de las normas existentes y las que se sancionen en adelante”, presentó su propuesta legislativa en tributo al quinto aniversario de Ni Una Menos.

 

 

“Avances en materia legislativa”

 

 

 

“Hablar de avances dados en materia legislativa en la lucha contra las violencia hacia las mujeres y de las disidencias, implica indefectiblemente hablar de las acciones que hemos dado como Estado provincial en este terreno, por cuanto la ley no es solamente un instrumento escrito o un conjunto de recomendaciones y buenas intenciones, sino una acción política que persigue el objetivo de abordar y revertir una realidad social y cultural, que menoscaba y atenta contra la libertad e integridad de aquellas, limitando su capacidad de actuar y desarrollarse y en los peores casos arrebatándoles la vida”, expuso Cristaldo.

 

 

“Antes de que existiera el movimiento de mujeres Ni Una Menos, en nuestro país y en el mundo, ya contábamos con leyes que protegieran a las mujeres y disidencias en todos los ámbitos en que desarrollamos nuestra relaciones, el problema es que muchas de estas son, todavía, no operativas”, consideró la legisladora.

 

 

“Desde las primeras leyes sancionadas en la provincia, muchas de ellas pioneras en el país y la región, solo por nombrar algunas como ser:

1.   El Régimen de Violencia Familiar;

2.   El Programa Provincial de Prevención y Asistencia Integral de las víctimas de la Violencia Familiar;

3.   El derecho de la mujer a estar acompañada por la persona durante el trabajo de parto y al momento del alumbramiento;

4.   El Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia Contra la Mujer en la Consulta Médica;

5.   El Protocolo de Actuación Policial ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres;

6.   La adhesión de la Provincia del Chaco al Régimen de Protección Integral a las mujeres;

7.   La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles;

8.   La Adhesión a la Ley Nacional 27.499. Ley Provincial Natalia Samaniego de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia contra las Mujeres; o

9.   El régimen de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en el Ámbito de la Administración Pública”, enumeró Cristaldo.

 

 

 

“En todas hay que reconocer el trabajo de un gran número de representantas mujeres pero también algunos varones que acompañaron decididamente este camino de lucha por nuestras libertades; todes, tomando la demanda de un amplísimo abanico de militancias y organizaciones feministas de nuestras provincias, surgidas de: las villas, los barrios, los sindicatos, los centros de estudiantes, la ruralidad y la producción, las comunidades indígenas, las diversidades y disidencias sexuales, de la discapacidad, etc., hicieron un aporte invalorable a la lucha contra todos los  tipos de violencias hacia las mujeres y diversidades”, valoró la representante en la Legislatura de la Scalabrini Ortiz.

 

 

 

“Desde el Poder Legislativo, un párrafo aparte lo constituye la decisión, de crear la Primera Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral ‘Beatriz Vázquez’, que tuvo como objetivo primordial el fortalecimiento de las relaciones humanas, la construcción de equipos de trabajo productivos, eficientes y eficaces, la protección y el resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores, quienes merecen desenvolverse laboralmente, en climas de trabajos que los dignifique. Esta funcionó desde el 1º de septiembre del año 2.016 hasta el mes de septiembre del año 2.019”, rememoró.

 

 

 

Agenda legislativa pendiente

 

 

 

“Claro que podemos hablar de una agenda legislativa pendiente, pero entender también que muchas de las iniciativas que conforman esta agenda, apuntan a tornar operativas normas ya sancionadas, como por ejemplo:

ü La inclusión en la elaboración del presupuesto de cada jurisdicción del estado provincial, los montos que demanden tanto el diseño, como la implementación o desarrollo de cada una de las acciones para hacer plenamente efectivas y operativas el Sistema de Protección Legal vigente;

ü La creación de una Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo en Género e identidades femeninas diversas, con competencia para dictaminar sobre todo proyecto o asunto relativo que contemple temas referidos a la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género, así como también la formulación de normas legislativas que regulen estos derechos, estableciendo pautas y parámetros que procuren garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres;

ü La Reglamentación para el funcionamiento de los Hogares de Protección Integgral (HPI);

ü El Programa de Promotoras y Promotores Territoriales en Género y Diversidades, destinado a la promoción, planificación de estrategias y ejecución de acciones para el fomento de la igualdad de género, la prevención de la violencia de género en todos sus tipos y modalidades, así como también propiciar la participación ciudadana en la construcción y ciclo de políticas públicas que promuevan la inclusión de las diversidades y las disidencias;

ü La creación de un único Observatorio y Registro de las Violencias contra la Mujer, de casos femicidios y víctimas colaterales, que trabaje articuladamente con los tres poderes del Estado provincial.

ü La intervención obligatoria de un Traductor o Intérprete de Lenguas Indígenas en todo  procedimiento policial y judicial para el resguardo de los derechos de toda mujer perteneciente a las comunidades originarias de la provincia;

ü La creación del "Observatorio Público Chaqueño sobre Igualdad de Género" que tendrá por objeto la recopilación de información, análisis y elaboración de propuestas y políticas vinculadas con la igualdad de género y la no discriminación hacia la mujer en la búsqueda de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones;

ü La incorporación, en todo proyecto de ley que se presente y por los que establezca derechos, deberes o garantías constitucionales, de un  Informe de impacto de género, un estudio que permita medir los resultados y efectos de las normas o la políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el incremento de las desigualdades de género;

ü  La incorporación en la Encuesta Permanente de Hogares (E.P.H), un módulo relativo a medir el "uso del tiempo con perspectiva de género", que permita cuantificar el aporte económico desarrollado por las amas de casa;

ü El respeto a la identidad de género adoptada por travestis, transgéneros y transexuales, al uso de su nombre elegido distinto al consignado en su documento de identidad y, a su sólo requerimiento;

ü La creación de Secretarias, Juzgados, Fiscalías y Defensorías Oficiales especializadas en Violencia de Género;

ü Normas para el abordaje y tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios de comunicación;

ü La creación de un “Fondo Provincial para la Asistencia Económica por Violencia de Género” destinado a la ayuda temporal de personas en situación de violencia de género;

ü La creación de un Sistema Informático de Ayuda Familiar y de Género, como política institucional del Estado de acción e intervención directa contra la violencia, ejercida especialmente en la mujer en todas sus formas;

ü La asignación de un cupo especial, consistente en el (5 por ciento) de las unidades de cada uno de los planes habitacionales implementados por la provincia, para mujeres, jefas de familia y víctimas de violencia;

ü La creación de un Programa de Centros de Abordaje de Personas que Ejercen Violencia (PEV) y de Centros Psicosocioeducativos, destinados a la asistencia, reeducación y reinserción social de personas autoras de violencia de género en el entorno familia.

Entre muchas otras”, menciónó.

 

 

 

Propuesta

 

 

“Crea que el mejor aporte que podemos hacer como legisladoras es el de contribuir en la reglamentación de las normas ya sancionadas, vigentes y principalmente las de alcance general, o trabajar  en reformas que permitan lograr una mayor operatividad, asignando los recursos presupuestarios necesarios para que cada mecanismo o procedimientos que contenga, se lo pueda llevar a la práctica. Como así también, seguir trabajando en la deconstrucción social, el cambio cultural que tanto se busca, que también tuvo propuestas desde lo legislativo, y nos compromete a velar y controlar su cumplimiento en los ámbitos públicos y privados que correspondan, dos de ellas son:

1.   La Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia contra las Mujeres para todos los funcionarios del Estado provincial; y

2.   La Ley Educación Sexual Integral con perspectiva de género. Que, esta última, obviamente perfectible, en función de los cambios normativos y sociales”, expuso Cristaldo.

 

 

 

Más adelante, apuntó: “Entender, que más allá de nuestras pertenencias políticas partidarias, más allá de nuestra fe religiosa, estas fueron concebidas en el sentido de garantizar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres y de las  disidencias; como así también la de nuestres niños, niñas y adolescentes.

 

 

 

Por eso a los 5 años del primer Ni Una Menos, Día Provincial de la No Violencia contra la Mujer y en el marco de una emergencia social por violencia de género exigimos presupuestos mínimos contra las violencias, capacitación obligatoria en género y educación sexual integral con perspectiva de género, porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, subrayó Cristaldo.