Chaco On LineRESISTENCIA – En una jornada institucional clave para el Poder Legislativo, la diputada provincial Katia Blanc es elegida por sus pares como presidenta de la Sala de Sentencia de la comisión de Juicio Político de la Legislatura chaqueña. Se trata del órgano constitucional encargado de juzgar a los funcionarios sometidos a este procedimiento regulado por la Carta Magna. Tras su designación, la legisladora destaca el valor de la tarea a su cargo y agradece el respaldo político recibido dentro del interbloque Frente Chaqueño.
“Salí elegida presidenta de la Sala de Sentencia de la Comisión de Juicio Político. Agradezco a mis compañeros del interbloque por la confianza, por haberme apoyado y elegido”, expresa Blanc luego de la reunión parlamentaria en la que quedan constituidas formalmente las Salas de Acusación y de Sentencia.
La legisladora remarca además que estos organismos “garantizan la transparencia y la democracia dentro de las instituciones del gobierno”, al tiempo que considera al juicio político como una de las principales herramientas de control del Estado provincial.
Composición de la Sala de Sentencia
Presidencia Katia Blanc Vicepresidencia Zulema Wannesson Vocales Analía Flores, Gladys González, Magda Ayala, Rodolfo Schwartz, Luciano Moser, Tere Cubells, Lucas Nass, Rubén Guillón, Ernesto Blasco, Carmen Delgado, Joaquín García, Mayra Jarenko, María Elena Rodríguez y Carlos Salom.
El mecanismo: Alcances y plazos del artículo 120
Según lo establecido por el artículo 120 de la Constitución del Chaco, el procedimiento de juicio político alcanza a las máximas autoridades de la provincia: gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general y titulares de organismos de control. Las causales de activación incluyen el mal desempeño, incumplimiento de deberes, incapacidad sobreviniente o delitos en el ejercicio de la función.
Dentro de este engranaje, la Sala de Sentencia cumple el rol estricto de tribunal. Sus miembros deben prestar juramento y dictar veredicto en un plazo máximo de 60 días desde que reciben la causa. Para declarar la culpabilidad de un funcionario se requiere una mayoría agravada de dos tercios; una resolución en este sentido deriva de forma inmediata en la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En paralelo, la Sala de Acusación es presidida por el diputado Jorge Gómez, espacio que tiene a su cargo la investigación preliminar y la formulación formal de los cargos.
