Chaco On LineTras el reclamo colectivo impulsado por vecinos del barrio Zampa, la Justicia chaqueña dicta una medida cautelar que obliga al Gobierno provincial y a distintos organismos públicos a garantizar de manera urgente el acceso al agua potable en uno de los sectores más postergados del Sur de Resistencia.
La resolución lleva la firma del juez Julián Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N°21, y alcanza a más de mil familias que desde hace tiempo denuncian problemas estructurales de acceso al agua y una situación que se agrava especialmente en los últimos años.
El fallo ordena que, en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación formal a los organismos implicados en la causa, el Estado implemente un esquema de abastecimiento mediante camiones cisterna. Además, la Justicia precisa que deberá garantizarse un piso mínimo de 100 mil litros diarios de agua potable para abastecer a las familias del barrio, con una frecuencia no menor a tres veces por semana —o las veces que resulte necesario— para asegurar que el suministro llegue efectivamente a todos los sectores.
La responsabilidad recae de manera conjunta sobre Sameep, el Gobierno provincial, la Municipalidad de Resistencia, la Administración Provincial del Agua (APA) y el Ministerio de Infraestructura.
La decisión judicial representa la primera gran pulseada ganada por los vecinos en un conflicto que se profundiza en el último tiempo y que expone una problemática que se agrava de manera sostenida en distintos sectores del sur de la ciudad. En su resolución, el magistrado admite que el acceso al agua en barrio Zampa es “irregular, insuficiente y, en muchos casos, incompatible con el consumo humano”, dejando expuesta la gravedad de la crisis sanitaria que atraviesa la comunidad.
Durante el proceso también se incorporaron denuncias vinculadas a problemas de salud, afecciones en la piel y complicaciones gastrointestinales, especialmente entre niños y adultos mayores, en un contexto donde las familias aseguran que el servicio prácticamente ha desaparecido en distintos sectores del barrio.
Además, la cautelar establece que el Estado deberá realizar en un plazo de 30 días un relevamiento integral para identificar la cantidad de familias afectadas y las condiciones reales de acceso al agua en cada zona, con el objetivo de ajustar la asistencia a la situación concreta del territorio.
La falta de conexión regular a la red formal marca un punto de inflexión en el conflicto: por primera vez, el acceso al agua deja de ser únicamente un reclamo vecinal y pasa a convertirse en una obligación inmediata bajo control de la Justicia.
El proceso principal continuará en las próximas semanas y será allí donde se discutirán las responsabilidades definitivas sobre una crisis que, lejos de ser un hecho aislado, refleja el deterioro sostenido de las condiciones de acceso a servicios básicos en el Sur de Resistencia durante los últimos años.
