El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga rubricaron, este jueves, el Compromiso Político, Económico, Social y Cultural “para el crecimiento económico y la inclusión social”, con representantes de las instituciones integrantes del Consejo Económico y Social (CONES), de las tres centrales sindicales (CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT), de las 62 Organizaciones Peronistas.

“Es una muestra de madurez política e institucional y del compromiso de todos los sectores para que la provincia y el país vuelvan a estar de pie”, expresó el primer mandatario e invitó a todos los actores y organizaciones civiles a sumarse a la iniciativa.

El compromiso firmado fue acordado con  los diferentes sectores, tras la gestión del comité encabezado por el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo y los asesores del gobernador Francisco Romero y Raúl Codutti. La firma es la primera etapa del acuerdo, al que luego se sumarán instituciones educativas, partidos políticos, los diferentes credos, entre otros. 

Del acuerdo participó también el CONES) órgano constitucional que tiene como objetivo participar en los proceso de aprendizaje, generación y corrección de políticas públicas.

Esta primera rúbrica es la base –que debe ser ampliada- para la construcción de consensos de carácter estructural, con el objetivo de cumplir metas en común.  “La República democrática exige libertad de expresión, libertades políticas y civiles y necesita espacios para el debate, tiempo para procesar los conflictos, y sobre todo ámbitos para que el respeto a la diversidad de opiniones e ideas”, señaló Capitanich.

Los diez compromisos asumidos

El documento consta de 10 puntos que apuntan a garantizar la calidad institucional y el máximo nivel de transparencia en la organización del Estado:

El compromiso ético, político e institucional, que incluye una reforma constitucional impulsada por el gobierno, además de la descentralización de las políticas públicas. La reforma propone elevar el rango constitucional de institutos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la oficina anticorrupción, el juicio por jurado, la elección de todas las autoridades constitucionales a través de concurso de antecedentes y oposición, y la reducción de la cantidad de diputados. “La sociedad chaqueña demanda una reforma estructural”, afirmó el gobernador.

El compromiso por la responsabilidad fiscal y el equilibrio financiero, con el objetivo de lograr que todos los niveles de administración pública tengan una solvencia fiscal, resultados financieros equilibrados y generar condiciones sustentables. “Si efectivamente se aplica vamos a tener coeficientes determinados, con sistema de estadísticas y  transparencia en el acceso a la información”, aseguró Capitanich.

El compromiso por el empleo de calidad y la reducción de la informalidad y precarización laboral. Este punto pretende, a través de herramientas que ya existen, generar condiciones para la corresponsabilidad gremial y mecanismos de regularización laboral que garanticen una red de seguridad social.

El compromiso por la construcción de un nuevo contrato social pedagógico y la calidad educativa. “Queremos una educación gratuita, equitativa  y de calidad, para lo que es necesario medir, tener una estructura curricular acorde y salarios razonables”, señaló.

El compromiso por el desarrollo de las cadenas de valor, que plantea desarrollar las 20 cadenas de valores que existen en la provincia. “Debemos fortalecer  desde la producción hasta la comercialización, para garantizar valor agregado de base industrial con desarrollo tecnológico y científico que permita garantizar competitividad”, explicó.

Para ello, en estos cuatros años se concretarán las cinco condiciones básicas  (luz, agua, gas, fibra óptica y cloacas) para el desarrollo de inversiones. El Plan Chaco 2.030 plantea inversiones que fomenten la cadena de valor para garantizar 50 mil nuevos empleos, y aumente la cantidad de hectáreas sembradas para alcanzar los 1.500 millones de pesos de exportación. “Para eso es necesario trabajar en conjunto el sector público y privado en un ambiente que garantice rentabilidad para los actores”, resaltó el gobernador. 

El compromiso por la paz social, que plantea un nuevo acuerdo de convivencia que genera canales institucionales para atender y resolver los conflictos, a través de mesas de mediación, negociación y diálogo. “No se puede garantizar una estrategia de crecimiento con distribución equitativa del ingreso sin paz social”, remarcó Capitanich y señaló que para ello es necesaria también la compresión de todos.

El compromiso por el saneamiento financiero de las empresas de servicios públicos, que apunta a un modelo de saneamiento, que mejore la prestación de los servicios, garantice una tarifa social, equilibro financiero y aumente el índice de cobrabilidad.

El compromiso por la protección sistémica del ambiente. “Tenemos que preservar el patrimonio ambiental, pero con la sostenibilidad de las políticas productivas, porque es necesario producir más y mejor”, expresó el gobernador. Para ello remarcó la necesidad de una gestión integral de residuos sólidos urbanos (clasificación, procesamiento, reciclado y recupero), la aplicación de la Ley de biocidas. Además de garantizar el desarrollo foresto industrial, con regulación y fiscalización que permita la explotación racional de los recursos naturales. “No debemos perder los recursos pero también tienen que ser fuentes de desarrollo”, resaltó.

El acuerdo también prevé un compromiso por la sistemática reducción de la pobreza y la indigencia y por la asignación de recursos para la resolución de las prioridades sociales más urgentes.