Luego de las cuatro condenas (y una absolución) en la causa Ligas Agrarias, el “año judicial” en lo que respecta al juzgamiento al terrorismo de Estado en el NEA continuará con la causa que investiga la complicidad judicial y civil con la dictadura y en la que figuran como imputados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el guardia-cárcel Pablo Casco.

Será este jueves 4 de julio desde las 10 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Irigoyen 33). En la oportunidad se espera la presentación del requerimiento fiscal de elevación a juicio del proceso, sexto en su tipo en el Chaco. 

Asimismo, se da por descontado que luego de la presentación del Ministerio Público, la causa pasará a cuarto intermedio hasta agosto, una vez culminada la feria judicial. Entonces, se retomarán las audiencias con la convocatoria de testimoniales. Para este juicio se estima una lista de entre 10 y 20 testigos. 

Luego de varias idas y vueltas, el tribunal quedó conformado por los magistrados Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y  Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa.

El doctor Juan Manuel Costilla ejercerá la defensa oficial de Mazzoni, y la doctor Olga Mongeló hará la propio con César Casco. Los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad , Horacio Rodríguez y Diego Vigay llevarán adelante la acusación del Ministerio Público. La querella será representada desde la Secretaría de DD HH de Chaco por Duilio Ramírez, Paulo Pereyra y Silvina Canteros.

Mazzoni-Casco

Al ex fiscal Domingo Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento.

Por su parte al ex penitenciario Pablo Casco se le imputan torturas y tormentos agravados en dos casos.

Es “célebre” entre la comunidad de sobrevivientes de la cárcel Unidad Nº 7 por ser uno de los jefes de guardia más violentos y duros, al punto de haber sido el  responsable de turno durante la “entrega” de detenidos políticos a las fuerzas militares el 12 de diciembre de 1976, en los prolegómenos de lo que sería la Masacre de Margarita Belén.