En la mañana de este martes 12, en la sede del Tribunal Oral Federal, se realizará la audiencia preliminar para analizar pruebas y otras cuestiones de organización, en los preparativos del inicio de la etapa oral en la causa que investiga la complicidad judicial y civil con el terrorismo de Estado, y en la que figuran imputados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex guardiacárcel de U7, Pablo Casco.
El “año judicial” en lo que respecta al proceso de juzgamiento al terrorismo de Estado en el NEA, comenzará mañana, con una audiencia preliminar en la causa que investiga la complicidad judicial y civil con la dictadura y en la que figuran como imputados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el guardicárcel Pablo Casco, sindicado como uno de los “entregadores” de detenidos políticos confinados en la cárcel U7 que fueron fusilados el 13 de diciembre de 1.976, en la denominada Masacre de Margarita Belén.
La audiencia se realizará en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia y contará con la presencia de los magistrados que llevarán adelante el proceso y las partes respectivas, sin participación de público. Así las cosas, se espera que cumplida la instancia de mañana, se comunique un cronograma tentativo de inicio de los debates.
Los delitos que se imputan son; privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento. Pablo César Casco es “célebre” entre la comunidad de sobrevivientes de la cárcel Unidad Nº 7 por ser uno de los jefes de guardia más violentos y duros, al punto de haber sido el responsable de turno durante la “entrega” de detenidos políticos a las fuerzas militares el 12 de diciembre de 1.976, en los prolegómenos de lo que sería la Masacre de Margarita Belén.
Cabe acotar que el ex juez federal Luis Ángel Ángel Córdoba falleció antes de la realización del proceso, pero estuvo implicado con gravísimas acusaciones a raíz de su desempeño como sostén judicial del dispositivo de terrorismo estatal que completaron los agentes policiales y militares en la región y tuvo su epicentro en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, hoy Casa por la Memoria.
