Originarios plantean dificultades en el acceso a la Justicia

Más de 400 personas participaron del IV Encuentro de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas organizado por la JUM (Junta Unida de Misiones), en Juan José Castelli, los días 28 y 29 de octubre. La jornada que se realizó en el edificio del Palacio de Justicia de la IV Circunscripción Judicial del Poder Judicial, contó con el apoyo de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena -AADI- y el Colegio de Abo­gados del Norte Chaqueño, Redaf (Red Agrofo­restal Chaco Argentino), INCUPO (Instituto de Cultura Popular), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) entre otras instituciones.

Durante los dos días, las conferencias giraron en torno a: Los pueblos indígenas y el proceso penal; El derecho de los pueblos indígenas en el contexto nacional y provincial; Diversidad cultural y juicios por jurado; Informe sobre la situación de DDHH en Argentina; Situación de las mujeres indígenas del Gran Chaco Argentino en relación al acceso a la tierra, territorio y agua. También se presentó el libro “Aportes para la defensa de los derechos indígenas” de ADEPI y la presentación de informe para la Cedaw de la ONU.

De alguna manera, todas las charlas giraron en torno a las posibilidades, oportunidades y dificultades que tienen los pueblos originarios en cuanto al acceso a la Justicia.

Jorge Collet, integrante de la JUM, contó en el programa Latidos de la Tierra de INCUPO que este encuentro, que tiene como propósito incidir en los actores del Poder Judicial, surgió “Al darnos cuenta que en la comunidades hay muchos que tienen conocimientos de sus derechos y de las leyes que lo integran como el Convenio 169, pero que el problema más serio que tenían era como acceder a la Justicia, que timbres y puertas tocar dentro de la justicia para ir a plantear sus problemas, sus situaciones o pedir algún asesoramiento”. Desde la JUM habilitaron una oficina de “Ciudadanía, Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia” en donde se brinda este tipo de asesoramiento.

Durante los dos días que duró la jornada, se escucharon las voces de los representantes de comunidades de pueblos indígenas de Chaco, quiénes contaron los obstáculos que tienen que sortear cada vez que reclaman por un derecho, como es el caso de la Reserva Grande. También hablaron de las formas que tiene de actuar la justicia cuando sufren situaciones de violencia, que a veces es lenta y que otras tantas termina criminalizando a las víctimas. Se recordaron los casos de niños y adolescentes qom que fueron violados y asesinados por adultos no indígenas.

También hablaron funcionarios públicos como Juan Carlos Goya, secretario de Derechos Humanos en Chaco. Abogados defensores de las causas indígenas, quiénes explicaron los marcos legales por donde se mueven los casos que están llevando. También, el juez Víctor Del Río, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, planteó la importancia de los Juicios por Jurado sobre todo para los pueblos indígenas ya que en su artículo 3 determina que si la víctima o acusado pertenece a uno de los pueblos qom, wichí o mocoví, “la mitad del jurado estará integrado obligatoriamente por hombres y mujeres de dichas comunidades originarias”. El Juicio por Jurado desde el 2015 es ley en Chaco pero aún no logra implementarse.

Por su parte, Elizabeth González, wichí y coordinadora de actividades judiciales en relación a las causas indígenas, planteó la importancia del trabajo de los peritos traductores ya que “muchas veces la mujer o el hombre indígena, que tiene como lengua materna el idioma de su comunidad, no conoce el significado que encierran las palabras castellanas. En varias oportunidades esta dificultad ha llevado a que firmen sin tener real conocimiento de lo que firmaban. Y en ocasiones fueron sus propias sentencias siendo inocentes”.

En el encuentro, también, estuvieron los representantes de la organización MOWITOB quienes reclamaron que se cumpla con la palabra comprometida y que les devuelvan las tierras de la Reserva Grande a las tres comunidades de los pueblos mocoví, wichí y toba tal como lo habían acordado en el 2015. Y no de la manera en que fue decretado este año, que sin consultar a los pueblos se determinó que las mejores tierras, al lado del río fueran otorgadas a los criollos, y que la comunidad wichí fuera a la parte más hostil de la Reserva. “Si no tenemos tierra corremos el riesgo de desaparecer como pueblo”, dijeron.