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La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura chaqueña escuchó a la doctora Ana María Pujol, coordinadora de la Dirección de Adultos Mayores, quién presenta ante los diputados provinciales dos proyectos de ley que hacen a la ampliación de garantías y derechos para adultos mayores.
La reciben el presidente de la misma, Iván Gyoker, junto a sus pares Silvina Canteros Reiser; Sebastián Lazzarini, Juan Carlos Ayala, Paola Benítez, Dorys Arkwright, Juan José Bergia, Santiago Pérez Pons, y Francisco Romero Castelán.
La profesional da detalles del proyecto de Ley 1.080/24, por el que se propone establecer una capacitación única y obligatoria en Derechos Humanos de las personas mayores para todos los ámbitos del Estado Provincial. Y el proyecto de Ley 1.159/24, que crea políticas públicas de protección, prevención y promoción integral de derechos de las personas adultas mayores.
Tras la exposición de la profesional, la comisión evalúa el proyecto de Ley 1781/24, que propone crear la categoría de usuarios especiales a los fines del subsidio de la Ley Nº 2.979-F, Chaco Subsidia Energía. Se trata de una iniciativa de los diputados provinciales Juan José Bergia, Francisco Romero Castelán, Carlos Salom y Samuel Vargas, por la cual se realizan pedidos de opinión a diversos organismos públicos para su posterior análisis.
Logra despacho positivo, el proyecto de Ley 2.051/24, del gobernador Leandro Zdero, que adhiere al Chaco al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (R.I.G.I), creado por el título VII de la Ley n° 27.742, en todos sus términos y condiciones.
Es abordado además, con su permanencia en cartera, el proyecto de Ley 1.138/24, que declara la Emergencia Económica del servicio de transporte automotor de cargas en todo Chaco.
E Ingresó también en esta oportunidad, entre otras iniciativas, el proyecto de Ley 1.978/24, de los diputados provinciales Andrea Charole y Sebastián Lazzarini, que crea el “Programa Provincial Transitorio al régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes creado por Ley 27. 452”. Por el cual los legisladores solicitan pedidos de informes al Ministerio de Gobierno; de Hacienda; y a la subsecretaría de Género provincial para poder analizarlo.
