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Se instalan distintos puntos de control fijos y móviles en los principales accesos a la ciudad para verificar las condiciones adecuadas de los transportes de productos alimenticios que ingresan a la ciudad con destino al consumo humano. Se detectan distintas irregularidades que motivan el labrado de actas contravencionales correspondientes, aunque no se produce el decomiso de mercadería.
Alejandro Alloatti, subsecretario de Fiscalización Urbana de Resistencia, encabeza esta acción conjunta con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte; instancia en la que también se cuenta con la participación de efectivos de la Policía Rural, Motorizada y apoyo de cada una de las comisarías con jurisdicción en los distintos puntos de la ciudad.
La tarea incluye controles bromatológicos a transportes de alimentos de distintos abastecedores para que cumplan con todos los requisitos que establece la legislación. Los mismos deben contar con carnet de manipulador de alimentos, acondicionamientos de cargas adecuadas, la habilitación vigente vehiculares tanto de municipios o de autoridades de Senasa para circular y haber realizado el ingreso en las direcciones de abasto de la mercadería que transportaban; ya que son productos que ingresan a la ciudad, siendo de suma importancia la inspección de las condiciones y calidad de alimentos que garanticen la seguridad sanitaria correspondiente para su comercialización segura.
Según indica Alloatti, en la ocasión se labran actas y también se da el traslado escoltado por inspectores bromatológicos de camiones que no registran el ingreso de la mercadería al abasto; por lo que tenían ser inspeccionados para garantizar la inocuidad del alimento. Además, se hallan permisos de Senasa que se encuentran vencidos y transportes que no cuentan con la documentación habilitante.
Desde el Ejecutivo Municipal se insta a todos los transportistas de alimentos a cumplir con los requisitos vigentes porque este tipo de operativos se realizarán de manera constante “durante toda la gestión de gobierno”; cumpliendo con las responsabilidades de fiscalización y resguardo de los consumidores que le caben a la comuna, velando así por el cumplimiento de las normativas vigentes.
