Chaco On LinePuntos clave del reclamo
Causa del conflicto: Paralización absoluta de las sucursales tras un megaoperativo judicial por presunto lavado de activos y el consecuente secuestro de equipamiento.
Impacto social: Más de 70 empleados de planta y cerca de 100 perjudicados en total, sumando a personal indirecto, entrenadores e instructores independientes.
Exigencias centrales: Garantía de la continuidad laboral, cobro inmediato de salarios adeudados y la urgente desvinculación de los trabajadores respecto a las responsabilidades penales de los directivos.
Denuncia sobre el operativo: Cuestionamiento directo a la metodología de las fuerzas de seguridad durante los allanamientos por situaciones de incomunicación e incomodidad hacia el personal.
El reclamo de las familias trabajadoras se traslada a la Justicia Federal
La tensión laboral alcanza su punto crítico en el centro de Resistencia. Decenas de trabajadores de la cadena de gimnasios EXXEN congregan sus reclamos frente al Juzgado Federal N° 1, ubicado ante la emblemática plaza 25 de Mayo, con el firme objetivo de conseguir una audiencia que destrabe la incertidumbre económica que atraviesan.
La crisis estalla tras una serie de procedimientos judiciales y el posterior cierre definitivo de los locales comerciales de la firma en las provincias de Chaco y Corrientes. La investigación por presunto lavado de activos contra las autoridades de la empresa desencadena el secuestro de la totalidad del equipamiento de entrenamiento, dejando a las sucursales operativamente inactivas de la noche a la mañana.
El impacto sobre la fuerza de trabajo es inmediato. La medida judicial afecta de manera directa a más de 70 empleados registrados y alcanza a más de 100 personas de forma indirecta, incluyendo a profesores particulares e instructores que dependen diariamente de estas instalaciones para sostener su actividad profesional.
Bajo la consigna "No somos parte de ninguna investigación. Somos trabajadores", el personal se distancia categóricamente de las imputaciones que pesan sobre los propietarios de la firma. Los manifestantes sostienen que la prioridad de la causa debe contemplar el carácter alimentario de sus sueldos y la preservación de las fuentes de trabajo.
A la incertidumbre económica se suman serios cuestionamientos sobre el trato recibido durante la ejecución de los allanamientos. El equipo de colaboradores denuncia episodios de incomunicación prolongada y un despliegue de las fuerzas de seguridad que califican como hostil, marcando una jornada de extrema vulnerabilidad para quienes solo se encontraban cumpliendo sus tareas habituales. La comunidad de empleados permanece en vigilia a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades judiciales.
