Chaco On LinePuntos Principales de la Noticia
Defensa constitucional: Capitanich afirma que la propiedad privada ya se encuentra garantizada por la Constitución Nacional y denuncia que el proyecto oficial encubre maniobras de despojo patrimonial.
Acceso habitacional: El legislador señala que el verdadero problema radica en la exclusión social y reclama políticas urgentes para garantizar el acceso a la tierra y la vivienda.
Rechazo ambiental: Cuestiona fuertemente la modificación a la Ley de Manejo del Fuego por considerar que fomenta la especulación inmobiliaria y debilita la protección ecológica.
Regularización dominial: Propone declarar la emergencia habitacional para otorgar seguridad jurídica a 6.500 barrios populares y 16.000 asentamientos espontáneos.
Regulación de capitales: Sostiene que el Estado debe ejercer un rol de control estratégico sobre la inversión extranjera en tierras rurales para resguardar la soberanía sobre el agua, la energía y los recursos naturales.
En el marco del debate legislativo en la Cámara alta, el senador Jorge Capitanich interviene como miembro informante del bloque del Partido Justicialista y cuestiona con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. El legislador sostiene que el proyecto parte de un diagnóstico falso y ratifica que la propiedad privada ya goza de absoluta garantía constitucional en la República Argentina.
"La propiedad privada ya es inviolable en la Argentina porque así lo establece la Constitución Nacional. El problema no es ese; el problema es que millones de argentinos no pueden acceder a la propiedad", afirma el senador durante su exposición. En esta línea, advierte sobre la urgencia de democratizar el acceso a la tierra y a la vivienda digna para combatir la desigualdad estructural.
El conflicto por la Ley de Manejo del Fuego
Uno de los ejes centrales de la crítica opositora apunta a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego que incluye el nuevo paquete normativo. Capitanich advierte que esta reforma elimina una herramienta fundamental para desalentar los incendios intencionales en territorio nacional.
La legislación vigente prohíbe explícitamente modificar el destino de las tierras afectadas por el fuego y restringe su comercialización inmediata para frenar la especulación inmobiliaria. El senador enfatiza que la iniciativa oficial vulnera el marco jurídico ambiental —incluyendo la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT— y deja desprotegidos los bienes comunes de la sociedad.
Función social de la tierra y emergencia dominial
Desde una perspectiva basada en la doctrina peronista y la doctrina social de la Iglesia, Capitanich reivindica la función social de la propiedad orientada hacia el bien común y la justicia social. El dirigente reclama un rol activo del Estado para poner límites a la acumulación terrateniente y garantizar la inclusión habitacional.
Ante este escenario, el bloque opositor propone declarar la emergencia en materia de regularización dominial. El objetivo central de esta medida consiste en asegurar la titularidad legal de la tierra para más de 6.500 barrios populares y 16.000 asentamientos espontáneos distribuidos en todo el país.
Soberanía, recursos estratégicos y control estatal
En materia económica y geopolítica, el legislador aclara que el peronismo no rechaza la inversión extranjera directa, sino que exige una regulación estratégica por parte del Estado nacional. Capitanich recuerda que las administraciones peronistas impulsan la llegada de capitales externos siempre y cuando se articulen con el desarrollo del mercado interno y la producción local.
Sin embargo, advierte sobre los peligros de desregular la compra de tierras rurales vinculadas a recursos vitales como el agua, la energía y los minerales estratégicos. Finalmente, el senador cuestiona las modificaciones introducidas al régimen de desalojos, señalando que perjudican a las comunidades originarias y a los sectores más vulnerables de la población argentina.
