Motomandados cuestiona declaraciones de Aradas

A través de un comunicado de prensa señala: “Consideramos que estas afirmaciones no reflejan la compleja realidad social, laboral y de seguridad que enfrentan las y los trabajadores del transporte informal ni la ciudadanía en general.

En primer lugar, no existe regulación municipal efectiva ni control estatal sobre las plataformas de transporte y movilidad digital que operan en nuestra ciudad. El avance de estos servicios sin habilitación específica, ni verificación de antecedentes, ni inspección técnica de vehículos o conductores, crea un vacío normativo que no garantiza seguridad real para usuarios ni para los trabajadores”. 

En lo que respecta a las tarifas que ofrecen las plataformas digitales de transporte fija posición. “Si bien algunos usuarios pueden percibir tarifas más bajas, esto no puede interpretarse como un mérito de seguridad o de calidad del servicio cuando, justamente, no hay supervisión que asegure condiciones mínimas de operación. Esta falta de control ha generado situaciones de riesgo ampliamente documentadas, incluyendo casos de violencia sexual y otras vulneraciones de derechos humanos en servicios prestados por aplicaciones sin regulación clara. 

Afirmar que Uber es seguro sin mencionar ni exigir estándares verificables de habilitación, controles técnicos, antecedentes y seguros obligatorios es, a nuestro entender, una simplificación que soslaya los riesgos reales que enfrentan las personas usuarias y los trabajadores del sector informal. La seguridad en la movilidad urbana no puede quedar librada a estrategias comerciales o percepciones individuales”, manifiesta.

Remarca la participación de los trabajadores del sector. “Desde nuestra organización, constituida por trabajadores y trabajadoras organizados de manera autogestionada exigimos una posición responsable por parte de las autoridades municipales que reconozca la necesidad de:

Una normativa clara y obligatoria para la operación de plataformas de movilidad y/o reparto, con requisitos de habilitación, verificación de antecedentes de conductores, control de vehículos y cobertura de seguros. 

Mecanismos de fiscalización y sanción efectivos para servicios irregulares que operen al margen de la ley. 

La inclusión de todos los actores de la movilidad urbana, incluidos los los "motomandados", en cualquier iniciativa de regulación para garantizar condiciones de trabajo dignas y equitativas. 

Asimismo, de forma tajante señala: “Rechazamos la idea reduccionista de presentar a una empresa global como el protagonista de una solución “segura y económica” sin respaldo de regulación, control ni políticas públicas que protejan realmente a la población de Resistencia”, sentencia.