La interventora del Instituto de Agricultura Familiar y de Economía Popular del Chaco, Clelia Ávila, notifica que se han entregado nuevas pruebas de irregularidades. Especifica se han proporcionado el 20 de febrero, a la justicia para su análisis y como resguardo de la prueba.
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La interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Clelia Ávila anuncia hoy que se han entregado nuevas pruebas a la causa judicial que investiga hechos de corrupción en el organismo, durante la gestión anterior. “Estamos encontrándonos con diferentes irregularidades y cada uno deberá responder ante la Justicia”. Detalla que las autoridades anteriores han proporcionado como herramienta de trabajo, un dispositivo electrónico –más precisamente una tablet- donde se ha encontrado información que vincularía a dirigentes sociales y políticos con hechos de corrupción.
El anuncio realizado en conferencia de prensa, concretada en el salón Obligado de Casa de Gobierno. Durante la conferencia de prensa, Ávila está acompañada por los asesores Godofredo Pérez Dudiuk y Alejandro Varela.
“Para mi sorpresa me encontré con datos que podrían conducir a la ruta de los hechos delictivos”, señala y anuncia que el dispositivo ya fue entregado – el 20 de febrero- a la justicia para su análisis y como resguardo de la prueba.
“Podría haber una matriz de corrupción”
Pérez Dudiuk explica que la tarea que se realiza es en base al cumplimiento estricto de la ley; “en base de este principio fundamental se encontró una agenda que se puso a disposición de la justicia donde hay datos que podrían tener relación con causas que ya se encuentran abiertas e inclusive con algunas personas que ya están detenidas”, comenta. Especifica que se encontró información con nombre, fechas, montos de dineros, algunas tareas que tenían que realizar que la justicia deberá determinar si son pagos o funciones legitimas.
Conjetura que podría responder a una matriz de una corrupción sistémica, que es aquella que se vale de todo el procedimiento con fines que contraponen la ley. “Eso afecta a todos los estratos sociales y es lo que está interesado el gobierno del Chaco en investigar y llevar a la justicia”, destaca.
Mientras, Varela contempla que, con los datos, se supone que mínimamente hay incumplimiento de la función pública. “Es la justicia quien dirá cuál será la figura que se pueda adecuar a la denuncias que presentamos y que se irán presentando, porque esto recién comienza”, afirma.
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