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Sanción unánime: La Legislatura aprueba el proyecto N° 1377/26 con 27 votos a favor en la sesión ordinaria.
Modernización orgánica: Se reestructuran y recategorizan cargos clave para responder al volumen actual de causas.
Nuevas incorporaciones: Se crean tres cargos de Secretario Relator para optimizar la gestión procesal.
Autonomía plena: El organismo asume la potestad integral sobre la tramitación de sus procesos sumariales.
Reconocimiento institucional: La conducción de la Fiscalía valora el impacto positivo de la reforma en la defensa jurídica del Estado.
RESISTENCIA (Agosto de 2026).- La Cámara de Diputados del Chaco sanciona este miércoles 12 de agosto el proyecto N° 1377/26, que introduce modificaciones estructurales a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado. La iniciativa cuenta con el respaldo unánime de los dos interbloques parlamentarios, alcanzando un total de 27 votos positivos sobre 28 legisladores presentes en el recinto.
La flamante normativa rediseña el esquema orgánico del organismo para adaptarlo al incremento sostenido de expedientes judiciales y actuaciones administrativas. Entre las modificaciones centrales, la ley dispone la recategorización de las funciones de Secretario de Trámite, Secretario Relator y Jefe de Informática, jerarquizando las responsabilidades técnicas del personal.
Ante la creciente complejidad y el volumen acumulado de causas, la legislación crea tres nuevos cargos de Secretario Relator. Asimismo, la posición de Consultor Técnico adopta formalmente la denominación de Médico Consultor, alineando el nomenclador con las tareas específicas del área.
En consonancia con la autonomía constitucional del organismo, el texto legal determina que la Fiscalía de Estado asume de forma exclusiva y directa la tramitación integral de sus procesos sumariales, eliminando la intervención de la Dirección de Sumarios externa.
El fiscal de Estado, doctor Roberto Alejandro Herlein, pondera la sanción de la ley impulsada originalmente desde el propio organismo técnico. El funcionario destaca el consenso político alcanzado y subraya que la actualización normativa impacta de forma directa en la eficiencia administrativa y en la defensa de los intereses públicos.
