Somos Parte cuestiona la metodología de distribución del crédito de 4.000 millones de pesos

Referentes de UCR- Somos Parte aseguran que el Gobierno Provincial recibió 4.000 millones de pesos del crédito aprobado y la devolución del 15 por ciento de la coparticipación. Consideran que cuenta con el dinero para pagar la deuda con los empleados judiciales, a la par que cuestionan la metodología de distribución de los 850 millones de pesos para financiar obras públicas a ejecutar en los municipios.





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Dirigentes de UCR-Somos Parte cuestionan la distribución de los montos del crédito de 4.000 millones de pesos

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo hoy en el Comité Provincial de la UCR por parte de los máximos dirigentes del Movimiento interno Somos Parte, para tratar la distribución de los fondos correspondientes al empréstito otorgado al Gobierno provincial por 4.ooo millones de pesos, de acuerdo con la Ley Nº 7782.




El diputado Roy Nikisch en la apertura de las exposiciones aseguró que “desde la época del gobernador Florencio Tenev, en diez meses este Gobierno recibió más dinero que históricamente han recibido las gestiones antecesoras. En total la Caja del Tesoro provincial recibió 5.400 millones de pesos, si le sumamos la devolución de la retención del 15 por ciento de la Coparticipación Federal, que es por un monto de 1.400 millones de pesos”.


Participaron de la conferencia de prensa los diputados provinciales Claudia González; Roy Nikisch, los intendentes de Barranqueras, Alicia Azula y de Presidencia Roque Sáenz Peña, Gerardo Cipolini y el coordinador de Desarrollo Social de la Nación y presidente de la Convención Provincial de la UCR, Bruno Cipolini, quienes centraron sus exposiciones en “el incumplimiento de lo consensuado con el gobernador” con respecto al destino de los fondos de la Ley 7782 que “en total significó 4.000 millones de pesos para aliviar la Caja del Gobierno Provincial, de cuyo monto se determinó 1.800 millones para pagar la deuda judicial en forma inmediata y en efectivo, pero luego el Ejecutivo dictó un decreto reglamentario estableciendo el modo y forma de pago de estas demandas que va en contra de la Ley N° 7782”.



Cuestionaron asimismo, la metodología de aplicación de los 850 millones de pesos para financiar obras públicas a ejecutar en los municipios, lo que era una asistencia de libre disponibilidad y ahora “el Gobierno los quiere convertirlos en créditos”.



También se habló sobre los 150 millones de pesos previstos para construir viviendas a las comunidades indígenas que “hasta ahora no tenemos conocimiento que se haya instrumentado alguna medida para su concreción”.



Finalmente cuestionaron la “condonación de deuda que el Gobierno quiere hacer a la empresa SAMEEP. Están premiando a una mala gestión con plata de todos los chaqueños”, enfatizaron.



EXPLICACION EN DETALLE



Nikisch dio los pormenores del crédito que se le permitió tomar al Gobierno Provincial. “La Ley 7782 que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta la suma de 4.000 millones de pesos. Aprobamos la misma con el objetivo de que sirva para aliviar la Caja del Gobierno Provincial, de cuyo monto se determinó: 1.800 millones de pesos para el pago de sentencias judiciales contra el Estado Provincial”.



Expresó disconformidad “por la modalidad en que el Gobierno provincial pretende llevar adelante la cancelación de las obligaciones emergentes de las sentencias judiciales originadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco”.



“Quienes acompañamos la aprobación de esta ley lo hacíamos para darle una herramienta al Gobierno con el objetivo que resuelva en forma definitiva e inmediata estas demandas y no para que las cancele en el tiempo. El Ejecutivo provincial pone su propia y personal voluntad interpretativa en la reglamentación de esta ley, no considerando y dejando de lado la voluntad de los legisladores que era la cancelación total e inmediata de las sentencias judiciales. Aquí se ve muy claro que la intención del Gobierno es desviar dinero para otras cuestiones haciendo caso omiso a lo que la Ley 7782 manda y lo hace a través de un ardid”, expresó el diputado provincial.

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