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“Esta situación confirma lo que venimos denunciando: se pretende avanzar sobre el régimen salarial vigente, Ley 468-A, con un proyecto que salió, a pedido de parte en audiencias de la causa Alonso de Martina, sin participación de los representantes de los trabajadores, convalidado por un Tribunal Ad Hoc integrado por magistrados que son beneficiarios directos, siendo jueces y parte”, plantea.
La organización sindical reivindica que “la defensa de los derechos salariales no puede hacerse vulnerando principios constitucionales ni afectando los derechos patrimoniales adquiridos del personal judicial”.
Así también la Intergremial Judicial considera que es “contradictorio invocar el principio de ‘igual remuneración por igual tarea’ para justificar una incorporación selectiva al proyecto, mientras se pretende modificar un sistema salarial basado en la proporcionalidad y la equidad”, plantea.
“La Independencia del Poder Judicial también implica independencia económica, institucional y salarial para quienes integran el Poder Judicial en su conjunto”, afirma.
Por ello, desde la Intergremial Judicial ratifica el pedido de archivo del proyecto 2141/26, por considerarlo inconstitucional”.
Remarca la aplicación del artículo 9 de la Ley 3424-A para todo el personal judicial.
En forma terminante desde la Intergremial Judicial plantean “No al desenganche”.
