Chaco On Line
En un documento suscripto por Federación Sitech; Atech; Utre- Ctera-; SECh; Coordinadora Docente (AMET; Fiud y Achabi) expresan malestar por la actitud de los diputados del oficialismo que integran la comisión de Educación. Consideran que una interpelación de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff es el camino más adecuado ante “estas irregularidades”.
Gremios docentes expresan su disconformidad ante la conducta seguida por los diputados del oficialismo que integran la comisión de Educación que “el viernes 22 pasado ejercieron el derecho a votar dentro de dicha comisión en la que se resolvió la citación a la ministra de Educación y 3 días después impugnan la decisión que ellos mismos consintieron”.
“Recordamos que el día viernes 22, los gremios docentes concurrimos a la comisión de Educación para objetar la decisión de la ministra de Educación que en forma indebida, ilegal, ilegítima y autoritaria intervino la Junta de Clasificación Primaria con sede en Resistencia, echando a los miembros con legitimidad de origen y designando a dedo (ad-hot) a 4 (cuatro) miembros del oficialismo”, exponen.
“Resulta insólito que los diputados impugnantes: Zulema Alicia Wannesson; Rodrigo Patricio Pavón y Francisco Romero Castelán hayan consentido una decisión sin hacer objeción alguna sobre el mecanismo de votación y como la misma no fue favorable, en cuanto que la decisión por mayoría fue citar inmediatamente a la ministra para que explique su decisión, a los 3 días recurren a un mecanismo de impugnación como herramienta de protección a la titular de la cartera educativa”, amplían.
“Asimismo, del contenido de la impugnación se evidencia el carácter de ‘casta’ de los diputados, cuando tratan a la comisión como ‘una cuasi asamblea popular’ por el simple hecho de estar presentes 5 (cinco) secretarios generales de distintos gremios, quedando claro el desprecio a los sindicatos y a las formas democráticas de tomar decisiones dando la cara. Por lo que, señores Diputados, su accionar no hace más que demostrar que son la ‘casta’ en su máxima expresión”, plantean.
En último término, expresan que “este gobierno que se jacta de defender los derechos de los docentes y de las instituciones en vez de preocuparse por corregir en forma inmediata la aberración jurídica de intervenir una Junta de Clasificación y quitar el derecho de elección que tienen los docentes para elaborar el puntaje y los antecedentes, se dedican a proteger a la ministra de Educación y a su decisión, quedando, en estas condiciones, como el camino más adecuado para el control que tiene la Cámara de Diputados sobre las arbitrariedades manifiestas del Poder Ejecutivo la interpelación en forma inmediata de la ministra de Educación”.
