Chaco On Line
La organización ecologista detecta, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, que entre enero y abril de este año se deforestan más de 19.776 hectáreas en la provincia de Chaco, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspende los desmontes en noviembre de 2.020.
"Es muy preocupante ver cómo el gobernador Zdero promueve la deforestación tanto como sus antecesores Capitanich y Peppo. Es evidente que se controla muy poco a los desmontes ilegales, y más grave aún es que el nuevo Ordenamiento de Bosques permitirá que las topadoras avancen impunemente en un área de más de 1 millón de hectáreas”, advierte Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Hace dos semanas, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentan un escrito en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar la ilegalidad de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco. La misma se realiza sin participación indígena y permitirá el desmonte en más de 1.200.000 hectáreas, incluso en corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté. Además, “legaliza” desmontes que se realizan en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques.
Las imágenes aéreas registradas y el relevamiento satelital que lleva adelante la organización confirman que en estos primeros meses del año, lejos de disminuir, los desmontes continúan en aumento.
“Argentina firma un compromiso internacional de Deforestación Cero para el año 2.030. Sin embargo, de madrugada y a escondidas del pueblo, la Legislatura provincial votó una ley que reduce la protección de sus bosques. Esperamos que la Corte Suprema actúe rápido y frene este ecocidio”, expresa Giardini.
En noviembre de 2.023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara su competencia para resolver una acción de amparo presentado en 2.019 por la organización ambientalista Greenpeace a favor del yaguareté y en contra de las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción de su hábitat y violar lo establecido por la Ley de Bosques Nativos. La denuncia sobre la ilegalidad de la nueva Ley de Ordenamiento de Bosques provincial es incorporada a esta causa.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques (diciembre de 2007) hasta fines de 2.022 en la provincia de Chaco se desmontan 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital que realiza Greenpeace detecta la deforestación de 57.343 hectáreas durante 2.023. A esto se suman las 19.776 hectáreas desmontadas en los primeros cuatro meses de este año.
