Afiliados y representantes de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco se reunieron el último viernes en asamblea. En ese marco, los distintos sectores del gremio judicial evidenciaron “el malestar generalizado ante la pérdida del poder adquisitivo que sufre el sector desde hace más de dos años y que suma al  menos un 45 por ciento, lo que ubica a los trabajadores judiciales en la categoría de pobreza y vulnerabilidad según datos estadísticos nacionales y los deja en los últimos lugares del ranking salarial de los poderes judiciales de todo el país y demuestra que la disparidad salarial existente entre la justicia chaqueña y las demás provincias se da tanto para jueces como para trabajadores, siendo estos últimos más afectados debido a la suba indiscriminada de servicios esenciales y de productos de la canasta básica”.

El secretario general, Walter Bernard, dio a conocer “las reuniones mantenidas con el STJ, el lunes pasado y con la directora de Administración del Poder Judicial, el martes y miércoles donde surgieron avances respecto a los reclamos de este gremio como ser: continuidad de las obras edilicias en Presidencia Roque Sáenz Peña, posibilidad de retiro voluntario de compañeros con situaciones especiales de salud, de actualización y modificación de la Ley de Tasas de Justicia y de mejoras en la condición de revisión médica de compañeros del interior”.

Luego de esto, hizo saber que se espera la convocatoria del Poder Ejecutivo de la provincia para conocer la propuesta salarial por lo que se definió pasar la asamblea a un cuarto intermedio para el próximo viernes 8 de marzo, a las 17.30 horas, en la sede gremial central y adherir al paro internacional de mujeres con la modalidad de paro y retiro de los lugares de trabajo, a partir de las 10.30 horas del viernes 8 de marzo, para las trabajadoras que deseen hacerlo.

En el tramo final, la Asamblea ratificó los reclamos de equiparación salarial nacional, cumplimiento de los pactos y acuerdos preexistentes; Recomposición salarial, para recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores, con cláusula gatillo, acorde a la inflación determinada por los índices emitidos por organismos oficiales nacionales; autarquía presupuestaria del Poder Judicial; ingreso de personal, concurso y pase de agentes de la categoría Ordenanza a Administrativo; continuidad de las obras edilicias en Presidencia Roque Sáenz Peña; Ley de retiro voluntario para el Poder Judicial en casos de trabajadores con 30 años de aportes, 50 de edad y problemas de salud en concordancia con la Ley de retiro sancionada por el Poder Legislativo el año pasado; participación del gremio en la reforma del Reglamento interno del Poder Judicial; Situación de los jubilados ante el InSSSeP por el adicional por incompatibilidad; convocatoria a la Mesa Salarial; declaración de la Emergencia Salarial del Poder Judicial; actualización y modificación de la Ley de Tasas de Justicia.