Integrantes de Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco fueron recibidos este mediodía por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle, quien escuchó los reclamos sobre la política salarial que impuso el gobierno provincial al Poder Judicial estos últimos años. La reunión pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana debido a lo avanzado de la hora.

“La Asamblea de la Unión Judicial viene rechazando estas políticas discriminatorias del gobierno que mediante Decretos 2.761/19 y luego 3.033/19, crea un concepto adicional remunerativo y no bonificable, para los agentes del Poder judicial, incrementando notoriamente la remuneración a los que más ganan, magistrados y funcionarios, en detrimento del resto del personal judicial. A la vez, encubiertamente, ratifican el proyecto de Ley 1263/18 y el Decreto del Poder Ejecutivo 492/18, ya recurridos por este gremio, en virtud a que atentan contra el estado de derecho, la Constitución Nacional y Provincial y contrarían a las Sentencias Nº 296 y Nº 22, del caso Müller c/ Superior Tribunal de justicia y/o Provincia del Chaco, resueltas por un tribunal ad-hoc, en más de 500 demandas, estableciendo que todo adicional es parte integrante del sueldo del Juez del STJ y por ende, debe trasladarse al resto del personal en forma proporcional, con los porcentajes que establece la Ley 2.895”, expuso el sindicato que lidera Walter Bernard.

Asimismo, se planteó el reclamo del blanqueamiento de los montos en negro en el último cargo del escalafón (auxiliar ayudante) y de ahí trasladando ése monto porcentualmente de acuerdo a la Ley 2.895 para el resto de los cargos.

La Unión  Judicial ha solicitado audiencia a las autoridades de los tres poderes del Estado para que atiendan los reclamos del conjunto de los trabajadores, siendo recibidos, hasta el momento, únicamente por autoridades del Poder Judicial y por algunos legisladores, insistiendo por este medio en recordar los pedidos de audiencia cursados ante el ministro de Hacienda y la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.