“Termina el año y el Gobierno provincial no transfiere a los Consorcios Productivos los más de 35 millones de pesos recaudado por la Ley N° 6547 y que le corresponden a los pequeños productores de la agricultura familiar. Este incumplimiento de la Ley produce abandono y marginación de los pequeños productores y su familia”, enfatizó el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Chaco, Roy Nikisch al hacerse eco nuevamente de reclamos de los Consorcios Productivos Rurales.
“Hoy estuvieron varios representantes de estos Consorcios con el ministro de la Producción reclamando por sus recursos donde recibieron una respuesta totalmente insatisfactoria. Expresaron mucha bronca, indignación, impotencia. Al eslabón más débil de la cadena productiva se le niega los recursos que están en la caja del Estado”, indicó el legislador.
“El Gobierno provincial viene violando e incumpliendo con el Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales arrinconándolos al abandono”, planteó Nikisch. A lo que seguidamente expresó: “Miles de pequeños productores que se integraron en Consorcios con el objeto de lograr contención, desarrollo y fortalecimiento de acuerdo al artículo 1° de la Ley 6457, se sienten estafados moral y económicamente”.
“Por información fehaciente recabada de distintos organismos del Estado provincial, de lo recaudado en el año 2016, falta distribuir 35,5 millones de pesos, los que tendrían que estar a disposición de los Consorcios tal como lo establece la Ley 6.547. Fija el artículo 9 que los fondos que se recaudan, en el marco de esta ley, serán puestos a disposición de la autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de 30 días desde su recaudación, quien a su vez deberá transferir a los Consorcios dentro de los 10 días de su recepción. Así está establecido, como obligación para el Gobierno provincial y simplemente lo tiene que cumplir. Y no se ha cumplido, lo que es reiterativo”, señaló.
“Este incumplimiento produce daños significativos impidiendo el fortalecimiento y desarrollo de los pequeños productores; no les permite planificar la producción de manera que sea previsible; hacer frente a compromisos asumidos con prestadores de servicios por trabajos afines a su actividad; atender compromisos de pagos a personal contratado como operarios de maquinarias rurales, entre otras. Y, lo más grave que se observa, es que se está generando incertidumbre y hasta conflictos entre directivos y asociados por falta de respuestas. En definitiva, el Gobierno provincial es responsable, ante este nuevo incumplimiento, del atraso y marginación de los pequeños productores de la agricultura familiar”, afirma.
