Auge del mercado negro en Argentina: el comercio ilícito mueve 32.000 millones de dólares anuales

La economía paralela consolida su expansión en el país al alcanzar un impacto del 5% sobre el Producto Bruto Interno. El estudio de la ASIPI alerta que la inflación y la alta presión fiscal impulsan un crecimiento sostenido de la falsificación hacia 2028.
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Puntos clave del informe


Impacto económico: El comercio ilícito alcanza el 5% del PBI nacional, con un volumen de 32.000 millones de dólares al año.
Factores determinantes: La inflación, la elevada presión impositiva y la informalidad laboral (46,5%) actúan como principales catalizadores.
Debilidad institucional: El país se ubica en el puesto 94 del ranking de derechos de propiedad, con un bajo nivel de confianza en el sistema judicial.
Rubros críticos: El tabaco lidera la rentabilidad del contrabando, seguido de alimentos, vestimenta y medicamentos.
Proyección regional: El fenómeno se expande en Brasil y México, donde las cifras de ilegalidad amenazan con crecer exponencialmente hacia 2028.
Exigencia de medidas: Se requiere una reforma integral que potencie los controles fronterizos y la cooperación judicial para frenar la informalidad.

Auge del mercado negro en Argentina: el comercio ilícito mueve 32.000 millones de dólares anuales

La economía paralela consolida su expansión en el país al alcanzar un impacto del 5% sobre el Producto Bruto Interno. El estudio de la ASIPI alerta que la inflación y la alta presión fiscal impulsan un crecimiento sostenido de la falsificación hacia 2028.

LA PLATA (Julio de 2026) – La economía informal deja de ser una problemática periférica para transformarse en un pilar del mercado negro argentino. Un informe reciente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) revela que el comercio ilícito mueve unos 32.000 millones de dólares anuales, una cifra que evidencia la profunda crisis de competitividad en el mercado legal.

El documento técnico, que analiza la realidad regional, identifica una tormenta perfecta que alimenta este fenómeno en la Argentina. La combinación de una inflación crónica, una presión tributaria que asfixia a los sectores formales —especialmente en rubros como el tabaco— y una informalidad laboral que afecta a casi la mitad de la fuerza de trabajo, crea el terreno fértil para la proliferación de bienes falsificados.

Un mercado fuera de control


El estudio posiciona a la Argentina en un lugar crítico dentro del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, ocupando el puesto 94 de 125, agravado por una escasa confianza ciudadana en el Poder Judicial. Los bienes de consumo masivo encabezan la lista de productos adulterados o contrabandeados:

Alimentos, bebidas y tabaco.
Vestimenta y calzado.
Cosméticos y productos de cuidado personal.
Medicamentos y dispositivos de salud.
Juguetes y autopartes.
En el caso del tabaco, la rentabilidad del contrabando se dispara debido al diferencial de precios con países limítrofes como Paraguay y Bolivia, donde los impuestos son sustancialmente menores.

El impacto social y económico


Matías Notiger, presidente de la ASIPI, enfatiza que esta problemática trasciende la propiedad intelectual y atenta directamente contra la inversión, el empleo formal y la salud pública. Notiger advierte sobre una alarmante "naturalización" del consumo ilegal, donde gran parte de la sociedad percibe la compra de productos falsificados como una conducta socialmente aceptada.

A nivel regional, la tendencia resulta inquietante. Mientras que en Brasil el comercio ilegal representa el 4% del PBI, en México la cifra asciende al 8,8%, con proyecciones que estiman un crecimiento acelerado hacia 2028. La falta de control en la digitalización, la debilidad institucional y las brechas de desigualdad social actúan como los principales motores de este flagelo en toda América Latina.

Ante este panorama, los expertos exigen una estrategia integral que incluya controles aduaneros más estrictos, una trazabilidad efectiva de los productos y una coordinación sin fisuras entre el sector público, el sector privado y la Justicia para evitar que el mercado negro continúe erosionando la economía nacional.

 


Fuente: InfoGEI

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