Legisladores provinciales de la comisión de Hacienda reciben al ingeniero Miguel Ángel López, en representación de los Industriales Forestales del Chaco. El dirigente explica su postura sobre el Régimen de Sanciones para esta Actividad ante el avance de los desmontes.
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Con los industriales forestales
En la reunión de la comisión de Hacienda, los diputados provinciales reciben al ingeniero Miguel Ángel López de los Industriales Forestales del Chaco.
El encuentro es la reunión ordinaria Nº31 de la comisión, en la que los diputados provinciales reciben al ingeniero Miguel Ángel López de la Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales del Chaco, quien expone su postura en relación a distintos proyectos ingresados en la Legislatura que buscan modificar la Ley 2.079-R de Régimen de Sanciones para la Actividad Forestal.
Al respecto, hay tres proyectos que plantean modificaciones, uno del diputado provincial Juan José Bergia, otro del Poder Ejecutivo provincial y uno del bloque Justicialista ingresado recientemente. La iniciativa del Nepar apunta a elevar el mínimo y los máximos de las multas por desmonte y silvopastoril ilegal; como así también determinar un procedimiento claro y efectivo para la concreción de la restauración de los bosques nativos, que exige la Legislación Nacional y Provincial vigente.
La propuesta del Ejecutivo busca también elevar las sanciones actuales en el entendimiento que las previstas en la Ley 2.079-R no están disuadiendo de manera efectiva la comisión de estos delitos ambientales. Asimismo, propone la creación de un registro de máquinas topadoras que operen en el territorio provincial el que deberá contar con información del propietario, documentación y características técnicas de la máquina que se actualizará anualmente. Además, plantea la obligatoriedad de la instalación de un chip en las topadoras que operen en el servicio de desmonte.
Ante esto, desde la Asociación de Productores Forestales, López expresa que “hoy estamos para reformar esta ley que se basa en evitar los desmontes, pero no puedo dejar de decir que si la actual no la pueden aplicar va a ser difícil aplicar normas más sancionatorias”. “La realidad es que en la Dirección de Bosque hay 1.900 expedientes sin notificar, 1.500 dejó la gestión anterior y 400 son de esta gestión. Entonces, las personas que pagan las multas pagan porque quieren, ya que en realidad han desmontado porque no tenían la posibilidad de hacerlo legalmente. Seis años sin ordenamiento territorial han llevado a que la gente tome todas estas medidas”, apunta.
“Primero no te notifican, y cuando lo hacen es un acto administrativo que puede demorar dos años o tres hasta que llegue a Fiscalía de Eestado. Por más que endurezcamos esta norma menos se va a acercar la gente a pagar”, es la postura del representante del sector forestal.
En relación al temario de la comisión, acuerdan tratar en la próxima reunión ordinaria el proyecto de Ley del Gobernador del Chaco, por el cual se busca autorizar operaciones de crédito público para la infraestructura provincial.
Participan de la reunión de los diputados provinciales Iván Gyoker, Sebastián Lazzarini, Juan José Bergia, Nicolás Slimel, Maida With, Silvina Canteros, Tere Cubells y Dorys Arkwright.
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