Se conocen los resultados de una investigación realizada en unidades penitenciarias del Chaco, realizada entre la Universidad Nacional del Litoral y el Comité para la Prevención de la Tortura. Los temas pasan por características y trayectorias de las personas privadas de su libertad; Experiencias; Situación legal; Aprehensión, detención policial y traslado a unidad penitenciaria; entre otros.
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En un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional del Litoral y el Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco, se conocen los resultados de una investigación pionera sobre las condiciones de vida en las unidades penitenciarias del Chaco, trabajo que representa un hito significativo en el estudio de la situación penitenciaria en la región.
El estudio se lleva a cabo mediante la aplicación de 264 cuestionarios a una muestra representativa de la totalidad de las personas privadas de libertad en las nueve unidades penitenciarias del Chaco, abarcando al 21,2% de la población penal. Cada cuestionario incluye a 363 preguntas que abordan diversos aspectos de la vida en prisión y las trayectorias de las personas con el sistema penal.
El trabajo de campo se inicia en noviembre de 2.022 y culmina en mayo de 2.023 y es llevado adelante íntegramente por un equipo compuesto por trabajadores y comisionados del Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco.
Se diseña una muestra representativa de la totalidad de la población privada de su libertad en sede penitenciaria en la Provincia de Chaco, tomando en cuenta la población existente en cada unidad penitenciaria, así como también en cada uno de sus pabellones o sectores, al momento de iniciar el trabajo de campo.
Las entrevistas se desarrollan cara a cara en las prisiones chaqueñas, asegurando condiciones de privacidad y confidencialidad. Se cuenta con la colaboración efectiva del Servicio Penitenciario de la Provincia de Chaco sin registrarse ningún tipo de inconveniente durante el trabajo de campo.
El cuestionario principal está estructurado en torno a 23 secciones, a saber: Características y trayectorias de las personas privadas de su libertad; Experiencias propias y familiares de privación de la libertad; Situación legal; Aprehensión, detención policial y traslado a unidad penitenciaria; Espacios de privación de la libertad y traslados; Tipos de espacios de privación de la libertad y dinámicas; Acceso a la defensa legal; Régimen de progresividad y tratamiento penitenciario; Sanciones disciplinarias; Requisas; Atención de la salud; Infraestructura y condiciones de privación de la libertad; Violencias y maltratos; Reclamos y protestas; Visitas, comunicación y salidas; Actividades educativas; Actividades recreativas y culturales; Actividades laborales y capacitación laboral; Relaciones con otros/as internos/as; Relaciones con los agentes penitenciarios; Opiniones sobre la vida en el encierro; Colectivos Específicos; y Mecanismos de monitoreo y protección de derechos.
También se elabora y emplea un cuestionario complementario destinado a las mujeres privadas de su libertad. La investigación tiene como director y codirector a Máximo Sozzo y Kevin Nielsen, respectivamente. El equipo de trabajo lo completan Araceli Ortigoza Peña, Ariela Álvarez, Bashé Charole, Cintia Abigail Miño, Darío Edgardo Gómez, Diego Gamboa, Esteban Pereyra, Francisco Sincovich, Gastón Brem, Isabella Paccio, Maria Jose Bogado, Mariana Mercado, Martin Pelozo, Matias Rolón, Micaela Soria, Natalia Ruidiaz, Roberto Sotelo, Selva Nazaruka y Silvina Canteros.
Los encuestados son seleccionados aleatoriamente en cada pabellón/sector de cada prisión chaqueña, respetando las cuotas fijadas para cada espacio de acuerdo a la cantidad de población de la prisión. La predisposición de las personas privadas de su libertad a ser parte del estudio es muy marcada.
El riguroso trabajo de campo permite recabar datos cruciales que proporcionan una visión integral de las condiciones de vida y los desafíos que enfrentan las personas privadas de libertad en la provincia. Este estudio no solo constituye un avance académico, sino que también busca generar un impacto positivo en la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida en las cárceles y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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