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La fundación Consumidores Unidos del Chaco (Cucha), con el apoyo y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, logra una medida cautelar de la Justicia que frena el reciente aumento de las tarifas de los dos peajes que funcionan en rutas nacionales de la provincia.
La decisión judicial ordena la suspensión de la Resolución 66/2.024 de la Dirección Nacional de Vialidad por lo que se retrotraen los cuadros tarifarios a los valores que estaban vigentes antes del incremento.
La presentación ha sido impulsado por la fundación Cucha, cuyo titular es Carlos Díaz, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo del Chaco como “amicus curiae”.
La medida cautelar otorgada por el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia contempla a las estaciones de peaje ubicadas en el acceso al puente interprovincial General Manuel Belgrano y en Makallé, ambas sobre ruta nacional 16.
La acción de amparo presentada por Cucha plantea dos irregularidades o falencias por parte de Vialidad Nacional y la empresa Corredores Viales SA, porque no cumplen con dos pasos previos necesarios para un aumento tarifario.
En primer término, no se realizan las audiencias públicas correspondientes tal y como lo establece la ley; y por otro, incumplen con el pedido de la Defensoría del Pueblo del Chaco de que todo incremento debe ir acompañado por un plan de obras para las rutas concesionadas.
Precisamente la cautelar del Juzgado Civil y Comercial 21 además de dejar sin efecto la Resolución 66/2.024 que aumentaba los valores de ambos peajes obliga a Vialidad Nacional y a Corredores Viales a que “implementen un procedimiento participativo -Audiencia Pública-, asegurando la efectiva participación de todos los ciudadanos, garantizando la accesibilidad y la transparencia en la fijación de tarifas de peaje”.
“En estos momentos de cierta liberalización y flexibilización del rol del Estado no se pueden dejar de lado los procesos que requieren la intervención de la ciudadanía”, asegura Bernardo Voloj, defensor del Pueblo del Chaco.
“Tampoco se puede avanzar con este tipo de actos desmedidos sin tener en cuenta la capacidad económica de los usuarios y que se oculte información a las instituciones que son garantes y promotoras de los derechos ciudadanos como es el caso de las defensorías del Pueblo”, subraya.
Díaz, de la fundación Cucha, sostiene por su parte que hay que “considerar la importancia de las asociaciones de consumidores, que son dadas por la propia Constitución Nacional, de entablar acciones en defensa de los derechos colectivos y la tutela de intereses, en este caso, de todos los chaqueños”.
“El trabajo conjunto entre ambas entidades permitió arribar a este gran resultado que beneficia a tantos usuarios que circulan diariamente entre ambas provincias”, concluye.
