El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envía a la Cámara de Diputados provincial el proyecto que promueve el cierre del IAFEP. Promociona el desarrollo de programas relacionados con el desarrollo rural y la economía popular.
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El mandatario provincial Leandro Zdero, envía hoy a la Legislatura provincial el proyecto de Ley 1.013/24 el cual propone cerrar el IAFEP en la provincia. Este Instituto creado por Ley N° 3.335-I, en el marco de sus funciones y competencias, para desarrollar diversos programas relativos a la promoción del desarrollo rural sustentable, vinculado a la población rural, los productores familiares y trabajadores rurales, además de los trabajadores de la economía popular. “Como ya se anunció públicamente se materializa, a través de esta presentación la derogación de la ley que dispuso la creación de este Instituto el cual fue cuestionado en todo su manejo: deficiencias administrativas , incumplimiento de obras, todo lo cual derivó en actividad judicial en materia penal y que se encuentran en trámite. ”, expresa Livio Gutiérrez, secretario coordinador de Gabinete.
Dentro de IAFEP, existe un programa de construcción de viviendas sociales y/o soluciones habitacionales para familias chaqueñas, las que son construidas a través del trabajo articulado con cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones sociales y popular. A través de diferentes medios y redes sociales han tomado estado público denuncias de beneficiarios a los cuales no se les ha hecho entrega de la vivienda, o en otros supuestos, a los que son entregadas las viviendas, las mismas no cumplen con las condiciones de habitabilidad básicas, a pesar de haberse efectuado los pagos por parte del organismo.
¿Qué dice el proyecto enviado por el Ejecutivo?
Artículo 1°: Derógase la Ley N°3335-I -Ley del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular – IAFEP.
Artículo 2°: La dirección y administración del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular –IAFEP, dispuesta en la Ley Nº3335-I, su reglamentación y aquellas asignadas en el Decreto N°121 del 18 de diciembre de 2023, serán llevadas a cabo por la Intervención establecida al efecto, hasta el cese de la misma por expiración de los plazos previstos, su prórroga, o el cumplimiento del objeto.
Artículo 3°: Determínase al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible como autoridad de aplicación de la ley 1825-I, -Régimen de consorcios productivos de servicios rurales.
Artículo 4°: Modifícase el artículo 17 de la Ley 2148-I -Régimen de consorcios de ladrilleros- el quex quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 17: Será autoridad de aplicación de lo establecido en la presente ley, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible.”
Artículo 5°: Establécese que el Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el/los organismos que absorberán los agentes con la intervención de las áreas de Recursos Humanos pertinentes, y de los bienes muebles o muebles registrables inventariados o afectados al mencionado Instituto para su reordenamiento, y con el objetivo de no provocar mayores erogaciones.
Artículo 6°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
Greenpeacia detecta, a través de un monitoreo satelital, el avance de los desmontes en el Norte argentino. Estima que a lo largo del 2.024, en Chaco la deforestación alcanza a 36.045 hectáreas, por lo que insiste en la penalización de la destrucción de bosques.
Mumalá, a través de su observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", expresa alarma ante la disminución de denuncias en víctimas de femicidios. En su informe por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, afirma que es el porcentaje más bajo de los últimos 5 años.
Potenciales integrantes para juicios por jurados a realizarse el año próximo son sorteados en un acto concretado en bolilleros de Lotería Chaqueña. Tiene el objetivo de armar la lista que presentará el Poder Judicial.
La presidenta del Insssep, Irene Dumrauf, presenta una denuncia contra el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons y demás integrantes del Directorio del organismo en el período 2.020 y 2.023. En la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano realiza el planteo judicial por el no pago de los seguros de vida obligatorios durante los meses de esa gestión.
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