Alejandro Vargas
La ministra de Educación, Daniela Torrente, junto a parte de su equipo de trabajo, recibe a la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) – seccional Chaco, Sonia Moro, con el propósito de concretar acuerdos que den solución al conflicto que sostiene la UEGP Nº 172 “Gobernador Deolindo Felipe Bittel” con sus trabajadores.
La reunión tiene como eje el diálogo sobre la situación de esta institución y, a partir de un acuerdo que apunta a dar soluciones para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.
La ministra Torrente, valora la instancia de definición a través del diálogo: “frente a la situación que atraviesa la institución educativa hemos convocado a referentes del sindicato y consensuamos transferir los pagos a la institución una vez resuelta la situación judicial”, precisa.
Esta situación judicial, “depende de la firma de un acta acuerdo con la UEGP N° 172, que ya ha sido remitida a la institución y cuya letra se determinó en base a lo acordado en una reunión mantenida con su representante legal el martes primero de septiembre”, apunta Torrente. A lo que seguidamente resalta que la referente “se mostró comprometida para atender la regularización de las situaciones especiales que presenta la institución, en función de determinadas irregularidades a resolver”.
El conflicto, se suscita por la imposibilidad de las autoridades de la institución de abonar el sueldo de los trabajadores, debido a una diferencia entre el subsidio transferido por la cartera educativa y la Planta Orgánica Funcional (POF) de la institución. Esta diferencia de datos es por la falta de presentación de documentación y rendiciones por parte de dicha entidad.
En relación a este tema, la secretaria general de SADOP plantea que “todos los trabajadores y las trabajadoras docentes tienen demorados los sueldos por parte de la patronal y, que si bien los fondos fueron transferidos por el Ministerio de Educación en su momento, en función de la POF (Planta Orgánica Funcional) aprobada, desde la institución educativa manifiestan que no es la POF que tienen en actividad, lo cual encuentra sustento en que la patronal debe poner los papeles en regla para que se pueda pagar por todos los puestos de trabajo”, detalla Moro.
Ante esta situación, y en medio de una instancia de diálogo acordada por ambas partes, la institución resuelve acudir a la vía judicial.
Participan de la reunión, el subsecretario de Coordinación Presupuestaria y de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Rodrigo Martín Morilla, el director de Educación Pública de Gestión
