“En una de las páginas oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=117811, surgen los datos oficiales de la escala salarial del Poder Judicial Federal hasta junio de este año, lo que echa por tierra los dichos del diputado provincial Sánchez y algunos titulares de medios periodísticos los cuales expresan que el doctor Toledo pretende cobrar 600 mil pesos por mes, al demandar al Estado, cuando de la tabla citada se desprende que el sueldo total de un juez de la Corte Suprema de Justicia es de 256 mil pesos, más algunos porcentajes que son particulares a cada juez, lo que es confirmado por otros medios a nivel nacional: https://www.clarin.com/politica/corte-pide-3-925-millones-marcos-pena-aumentos-fin ano_0_TRH5TRogm.html;https://viapais.com.ar/argentina/330604-difunden-cuanto-ganan-los-jueces-de-la-corte-suprema/”, dice la Unión Judicial en un comunicado.

“Desmitificando: No es verdad que los jueces provinciales se encuentran últimos en el ranking nacional y los trabajadores en la media”.

“En la tabla que plasma la escala salarial de la Justicia Federal, (la que es similar a provincias como Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba, las cuales asignan el presupuesto que merece una Justicia Provincial) queda totalmente comprobado que al comparar los mismos cargos testigos federales con los provinciales, la diferencia salarial que surge es similar, tanto en ayudantes, escribientes, jefe de despacho, prosecretario, peritos, secretarios y jueces”, expresa la Unión Judicial.

“En todos los casos los cargos testigos de la Justicia Provincial se encuentran un poco más abajo del 50 por ciento de los que cobran en la Justicia Federal y esto demuestra lo cuestionable, arbitrario y discriminador de las últimas políticas salariales del Ejecutivo Provincial que impuso a la Justicia Chaqueña con los Decretos 492/18, 2.761/19 y 3.033/19, los que otorgan un mayor incremento de hasta un 80 por ciento a los jueces, dejando migajas para los trabajadores y un monto en negro que atenta contra la carrera judicial”, expone el sindicato que encabeza Walter Bernard. Ante esto, señala que “esta política fue rechazada por la Asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, los decretos fueron recurridos ante Presidencia y comisión de Hacienda de Cámara de Diputados y ante el ministro de Hacienda, para que corrijan la injusticia firmada por el Ejecutivo, que además generará nuevas demandas pero ya contra el Estado Provincial conjuntamente con los firmantes, quienes deberán responder con su patrimonio”, explica el sindicato que encabeza Walter Bernard.

Desde la Unión Judicial instan a la Casa de la Democracia a recibir a los representantes gremiales del Poder Judicial para debatir estos últimos decretos que el Ejecutivo envió a la Legislatura con el fin de que los ratifiquen.