Chaco On LineSíntesis de los principales ítems de la noticia
Rechazo a las concesiones viales: El STVyARA rechaza la apertura de ofertas para privatizar más de 9.000 km de rutas nacionales por considerar que prioriza la recaudación privada sobre la inversión real.
Freno a la obra pública y desfinanciamiento: Denuncian la parálisis total de obras y el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) pese al rechazo del Congreso a su disolución.
Mantenimiento básico sin expansión: Advierten que las nuevas licitaciones no prevén obras estructurales ni ampliaciones, limitándose a tareas mínimas como bacheo y corte de pasto.
Aumentos desmedidos en peajes: Alertan por fuertes subas en los peajes, ejemplificando con el Puente Rosario-Victoria, cuyo valor pasa de $1.000 a$ 10.122,86, lo que implica una doble imposición para el usuario.
Traspaso de rutas a las provincias: Cuestionan el intento del Gobierno de transferir la responsabilidad de las rutas nacionales a los estados provinciales sin transferir los recursos económicos correspondientes.
Compromiso de los trabajadores: El sindicato destaca que los empleados viales mantienen el servicio operativo en todo el país a pesar de la falta de presupuesto y los recortes.
BUENOS AIRES (Julio de 2026). El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, rechaza el avance de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno Nacional. Tras la apertura de las ofertas económicas para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la organización advierte que la medida consolida un modelo que prioriza la recaudación por sobre la inversión en infraestructura.
Desde el gremio recuerdan que el Ejecutivo avanza con la privatización de los corredores viales mientras mantiene paralizada la obra pública. A su vez, denuncian el desfinanciamiento del organismo encargado del mantenimiento de la red nacional y cuestionan la persistencia en reducir la presencia del Estado en la materia, pese a que el Congreso Nacional rechazó los términos del Decreto que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
"La única política vial de este Gobierno es abandonar las rutas, desfinanciar Vialidad Nacional y entregar todo al sector privado. No existe un plan para mejorar la infraestructura ni para garantizar la seguridad de quienes transitan todos los días por las rutas argentinas, y asegurar la conectividad del país", sostiene Graciela Aleñá.
La dirigente cuestiona además que el nuevo esquema contemple únicamente tareas de mantenimiento en la mayor parte de los trazados licitados, sin contemplar programas de ampliación ni obras estructurales. "Les interesa cobrar peajes, no construir rutas. De los miles de kilómetros que pretenden concesionar, apenas una mínima parte tendrá obras de ampliación; el resto será simplemente administrar el negocio mientras el Estado abandona sus responsabilidades", afirma.
En este marco, la conducción sindical pone como ejemplo el aumento de tarifa en el Puente Rosario-Victoria (Santa Fe), cuyo valor sube de $1.000 a$ 10.122,86. Explican que esta situación obliga al pueblo argentino a pagar dos veces por el mismo servicio (a través del Impuesto al Combustible y del peaje) para cubrir únicamente tareas mínimas de bacheo, corte de pasto y señalización.
Deterioro vial y transferencia de responsabilidades
Desde el STVyARA remarcan que el deterioro de la red vial nacional es consecuencia directa de la falta de inversión pública y de la retención de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya finalidad histórica es financiar el desarrollo rutero.
Paralelamente, alertan sobre la intención del Ejecutivo de transferir rutas nacionales a las provincias sin otorgar las partidas económicas necesarias. "Primero vacían Vialidad Nacional, después abandonan las rutas y finalmente pretenden que las provincias se hagan cargo de un problema que ellos mismos generaron. Es una forma de desligarse de sus responsabilidades", señala Aleñá.
Finalmente, la titular del gremio ratifica el compromiso de los trabajadores viales para sostener la operatividad del organismo, aun frente al recorte de presupuesto y al intento constante de desmantelar la estructura estatal.
