Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos

La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condena a Carlos Barraza a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por un esquema de desvío de fondos públicos; la sentencia se dicta el 5 de diciembre de 2025.

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Sentencia

La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia dicta hoy la sentencia contra Carlos Iván Barraza, a quien el tribunal encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, en concurso real. El tribunal impone 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, además de costas y honorarios, según se lee en la resolución que la jueza presidenta Glenda Vidarte de Sánchez Dansey y sus pares firman en la sala colmada. La lectura de la parte resolutiva se realiza pasadas las 11.40 y el fallo marca un quiebre en una causa que siguió con atención pública y política regional.

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Antecedentes del caso

El proceso se origina en una investigación sobre el manejo de fondos destinados a programas sociales administrados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La acusación sostiene que Barraza encabeza un entramado sistemático de desvío y utilización irregular de recursos públicos, con maniobras que incluyen la utilización de recursos estatales y la participación de organizaciones sociales y exfuncionarios en la operatoria investigada. A lo largo del juicio, la fiscalía presenta documentación y testimonios que, según el tribunal, permiten reconstruir un esquema millonario de apropiación y destino indebido de partidas destinadas a asistencia social.

Los hechos que se juzgan abarcan múltiples ejercicios administrativos y se centran en contratos, órdenes de compra y la entrega de bienes y servicios que, según la acusación, no se corresponden con la documentación respaldatoria. Durante el debate, la defensa intenta cuestionar la cadena de responsabilidades y la prueba documental, pero el tribunal considera que existe prueba suficiente para acreditar la participación de Barraza en los delitos imputados.

Reacciones y consecuencias

Tras la lectura del fallo, sectores políticos y sociales reaccionan con llamados a profundizar las investigaciones para determinar la posible participación de otros exfuncionarios y organizaciones vinculadas al esquema. La sentencia no solo implica la privación de la libertad de Barraza, sino que abre la puerta a nuevas líneas de pesquisa y a pedidos de auditoría sobre programas sociales afectados por la causa. Además, la condena incluye la imposición de costas procesales y honorarios, lo que añade una dimensión económica a la sanción penal.

El fallo se convierte en un antecedente relevante en la provincia por la magnitud de los montos y por la figura pública del condenado, y se espera que la resolución motive apelaciones y recursos por parte de la defensa en las instancias superiores. Mientras tanto, la comunidad política local y las organizaciones civiles observan con atención los pasos procesales siguientes y la eventual profundización de investigaciones conexas que el propio tribunal sugiere explorar en su fundamentación.