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El lunes se concreta la audiencia de conciliación con el Ejecutivo para tratar el conflicto laboral en el Instituto de Cultura. “Tiene 230 trabajadores precarizados de hasta 13 años de antigüedad con sueldos de entre $12.000 y $51.000; por debajo de la línea de indigencia”, precisan los trabajadores autoconvocados del organismo.
Participan de la reunión el gobernador Jorge Capitanich; el presidente del ICCh, Francisco “Tete” Romero; el secretario General de UPCP, José Niz; y delegados del mismo gremio. Los autoconvocados/as del instituto provincial, desde sus redes Cultura en Lucha – Chaco, dan a conocer que “el Ejecutivo se presentó sin ninguna respuesta a los reclamos, por lo que se pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 8”.
Concluida la reunión, delegados de UPCP transmiten a los trabajadores los dichos del Gobernador planteando que “no está contemplado el pase a planta dentro del presupuesto 2023”.
“Tampoco hubo respuesta en lo referido a la equiparación salarial; y sobre el proyecto de Ley de Carrera de Trabajadores/as Culturales manifestó que debe tomarse un tiempo para analizarla y responder en consecuencia”, exponen. Recuerdan que el proyecto de ley se deja en mano de la comisión de Hacienda del Legislativo a principios de agosto.
“Tras más de 30 asambleas y actividades de visibilización desde febrero hasta acá, lo que debió ser una instancia de resolución del conflicto, fue otro movimiento de dilación, a días del cierre del ejercicio administrativo anual y en el marco de una conciliación que claramente no está buscando soluciones.”
Trabajadores señalan además la notable ausencia del Directorio del Instituto de Cultura. “Que no se presentaron a dar explicaciones de lo acontecido en la reunión, profundiza y agrava el malestar de lxs trabajadorxs.”, detallan.
Repudio a la agresión
Por otra parte, los trabajadores autoconvocados/das manifiestan su “enérgico repudio antes los gravísimos hechos de violencia ocurridos este martes 6 en la Sede central del ICCH.”
“Nos solidarizamos con lxs compañerxs que sufrieron la tensión, agravios y hasta golpes, perpetrados por un grupo de personas que -según sus dichos- pertenecen a una ONG y se presentaron a reclamar pagos adeudados desde abril.”, expresan.
“Nada justifica este tipo de actos y lxs trabajadorxs no somos responsables del atraso en el pago de las deudas, ni definimos la prioridad de esos pagos.”, afirman.
“Confiamos en que ninguno de los actores -patronal, gremios, etc.- intente capitalizar políticamente estos sucesos lamentables, o emplearlo para distorsionar nuestra lucha. La agresión y la violencia no tiene nada que ver con nuestra lucha, ni con la justicia de nuestros reclamos”, remarcan.
