Presentan Observatorio de Víctimas de Delitos en la Legislatura

Legisladores presentan el Observatorio de Víctimas de Delitos a la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Nayla Bosch; y a Andrea Martínez, familiar de Amanda Encaje. Este organismo es para hacer monitoreo, seguimiento y análisis a las cuestiones relacionadas con  víctimas del delito, familiares y entornos.

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Presentación del Observatorio de Víctimas de Delitos

La presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, junto con los diputados provinciales Mariela Quirós y Hugo Sager, presenta este miércoles el proyecto de Ley que propone crear el Observatorio de Víctimas de Delitos (OVD) Amanda Encaje y Néstor Vivo, en el ámbito de la Legislatura provincial, a la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Nayla Bosch; y a Andrea Martínez, familiar de Amanda Encaje. 

 

 

 

La finalidad de este proyecto es que el organismo brinde monitoreo, seguimiento y análisis a las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familiares y entornos. “Nuestra función es acompañar a los familiares, que sepan que no están solos, es por eso que vamos a seguir trabajando para generar políticas públicas efectivas para el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las víctimas”, subraya Cuesta.

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Amanda Encaje es asesinada en las instalaciones de Supercemento SA, ubicada en Resistencia, en abril de 1.992. Su cuerpo es encontrado junto con el de Néstor Vivo, quien era director de esa empresa. Ambos son golpeados y torturados antes de su muerte.

 

 

 

El observatorio estará integrado por víctimas de delitos y sus familiares, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados, y por integrantes de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, un representante del Ministerio Público Fiscal, un representante del Ministerio Público de la Defensa, un representante del Poder Ejecutivo provincial y dos legisladores provinciales por la mayoría y minoría parlamentaria.

 

 

 

Luego de la reunión, Cuesta destaca la idea del proyecto, que contará con la participación de los tres poderes del Estado y va a depender del Poder Legislativo, de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, para que sea una comisión permanente hacia el observatorio, más allá de las gestiones que estén al frente. “Este observatorio va a tener la función de visibilizar, ayudar y acompañar a las víctimas y familiares en estos casos que no están resueltos por la Justicia”, señala.

 

 

 

Reconoce, además, que para los legisladores es un puntapié inicial para que estas familias tengan un poco de consuelo ante estos homicidios ocurridos hace 30 años. “Acompañamos a las familias en este pedido de justicia, ya que esto forma parte de una serie de medidas que fijaron a nivel internacional y que los gobiernos tenemos que involucrarnos, son políticas públicas que tienen que garantizar los derechos de todas y todos los chaqueños y este observatorio viene a cumplir con esta premisa”, destaca la legisladora.

 

 

Derechos humanos y garantías a las víctimas

 

 

 

La diputada provincial Quirós, autora del proyecto, indica que vienen trabajando junto a la familia, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la presidenta de la Legislatura y otros diputados, en un proyecto de Ley que instaure el observatorio para víctimas en el marco del Poder Legislativo. “Como parte del acuerdo que el gobierno provincial ha hecho con las familias Encaje y Vivo, por los crímenes cometidos hace más de 30 años, en memoria de estas víctimas y con estas familias que trasmutan su dolor en aportes para tener una provincia más justa y más libre de violencias y más igualitaria. En uno de sus artículos, el proyecto de ley estipula, además, que los integrantes del observatorio elaboren normativas que involucren los derechos humanos y garantías de las víctimas de delitos”, detalla.

 

 

 

Retomando las líneas de trabajo

 

 

 

Por su parte, Andrea Martínez señala que “estamos retomando las líneas de trabajo que traíamos en función del acuerdo de solución amistosa que firmamos años anteriores, en las que el Gobierno se ha comprometido a implementar políticas públicas, las cuales van concretándose, ya hay dos sancionadas y estamos yendo por la tercera. Nuestro pedido de reparación tuvo que ver con las cosas que nos faltaron como familia y vamos a tratar de transformarlas en políticas públicas para que otras víctimas no tengan que padecer lo que tuvimos que vivir nosotros”.

 

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