Docentes e investigadores de institutos, cátedras y grupos de investigación de la UNNE repudian el intento de desalojo de cinco familias de pequeños productores , en Margarita Belén. Manifiestan su apoyo a la ley de expropiación que se votaría en la Cámara de Diputados esta semana.
Actualidad - Provincia
Los que suscriben el documento son: Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino; Turba Colectivo de Hábitat; Centro de Estudios Sociales (CES-UNNE); Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi-UNNE); Investigadoras del PI UNNE; Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales; Cátedra Comunicación intercultural y ciudadanía (Facultad de Artes-UNNE); Cátedra Introducción a la Problemática Filosófica (Facultad de Humanidades-UNNE); Cátedra Problemática Filosófica Contemporánea (Facultad de Ciencias Exactas-UNNE);Cátedra Filosofía Argentina y Latinoamericana (Facultad de Humanidades-UNNE)
El reclamo, que cuenta con apoyo a nivel nacional, ha sido acompañado por la Delegación del Chaco de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, en conjunto con otros organismos del Estado Provincial y diversas organizaciones campesinas y sindicales.
“La justicia provincial, a través de la jueza Ana Mariela Kassor del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, dispone que el día 27 de junio de 2.021 unas cinco familias campesinas de Margarita Belén (Chaco) deberán desalojar la tierra en la que habitan y trabajan hace más de 40 años. Allí, las familias producen alimentos para abastecer a la sociedad chaqueña y cultivan plantas medicinales de alta estima”, exponen.
“El pasado 21 de abril de 2.021, un primer intento de desalojo es suspendido gracias a la resistencia de la familia y el acompañamiento de diversas organizaciones e instituciones provinciales y nacionales. Pocos días más tarde, la jueza convoca a una audiencia virtual y resuelve que se debía desalojar en 60 días. Ese plazo vencerá en dos semanas y las familias continúan sin solución en plena crisis sociosanitaria”, detallan.
“El fallo dictado por la jueza Kassor no sólo desconoce el derecho posesorio de las familias afectadas (quienes en un proceso judicial anterior han hecho valer el derecho de usucapión); además, posee importantes inconsistencias, presenta groseros errores en las nomenclaturas catastrales y contradice una gran cantidad de normativa nacional e internacional que protege a las familias campesinas (PIDESC, Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, entre otras)”.
Por otro lado, mencionan que “el fallo no contempla cuál será el destino habitacional o política estatal de acompañamiento para estas familias en el caso de que el desalojo se haga efectivo. Esto se vuelve aún más escandaloso e injusto en contexto de pandemia, cuando la vulnerabilidad social es más alta y la exposición a factores de riesgo son mayores”.
En este marco, entienden que “la aprobación del proyecto de Ley de Expropiación N°1.416/18 en favor de las familias campesinas -que se trataría en el transcurso de esta semana en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco- puede habilitar una vía de solución no violenta al conflicto”. Del mismo modo, consideran que “para evitar que ocurran casos similares a futuro, es urgente la aprobación del proyecto de Ley N°1.176/2021 que prorroga por tres años la vigencia de la emergencia habitacional de las tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena”.
“Un desalojo como el que se pretende llevar a cabo, significa la eliminación de las formas de vivir y de hacer territorio propia de los sectores rurales de la provincia del Chaco. Significa engrosar las cifras de campesinos sin tierra y cerrar los caminos hacia una soberanía alimentaria”, afirman. Para luego remarcar: “Es una deuda histórica del Estado garantizar los derechos humanos de estos sectores sociales que una vez más son violentados por la primacía de intereses económicos individuales”.
“¡La tierra es de quien la habita y trabaja!”, revindican.
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Una cautelar ordena al sindicato del Insssep que cumpla con las guardias mínimas que permita el funcionamiento del instituto. Así lo determina la jueza Claudia Piccirillo, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1, quien da lugar a un planteo de la Fiscalía de Estado del Chaco.
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