El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia, José Niz, intima al Ejecutivo Provincial a que se respete el derecho constitucional a la jubilación. Exige que se deje sin efecto cualquier procedimiento que implique la imposición de la jubilación de oficio a los trabajadores.
Actualidad - Provincia
Desde la Unión del Personal Civil de la Provincia denunciaron que "en plena emergencia sanitaria por pandemia COVID 19, la Subsecretaria de Gestión Pública, a cargo de Patricia Unamuno, notificó la Circular Nº 1/2020 a las Unidades de Recursos Humanos de los diferentes Ministerios, las que deberán dar carácter de muy urgente y en un plazo máximo de 72 horas proceder al inicio de los trámites de Jubilación Ordinaria Móvil y Edad Avanzada de todos los agentes que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Provincial de Jubilaciones”.
Al respecto, José Niz, secretario general de UPCP, indicó: “Esto es la imposición del inicio de un proceso jubilatorio para trabajadores que en este momento están prestando servicio, sin tener en cuenta que los Decretos dictados en contexto de pandemia en materia de aislamiento y de licenciamiento no se aplican al personal mayor de 60 años afectado al servicio esencial o crítico.”
En tal sentido, Niz remarcó que “esto pone de manifiesto que no existe en la provincia del Chaco una política de Estado en materia de capital humano y no se realiza un estudio profundo del plantel por jurisdicción, o de las actividades complementarias que la medida genera.Improvisadamente, se dicta una medida general, sin verificar previamente las necesidades del servicio, provocando un estado de incertidumbre en el trabajador que se encuentra cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus”. Así es que calificó de “inoportuna e irrazonable la misma porque el inicio de los trámites de esta naturaleza trae como consecuencia la actualización de los legajos de los agentes y ello implicará que sean notificados en domicilio y se desplacen para completar la documentación en un contexto en que el Gobernador ordenó aislarse”.
“Pérdida del poder adquisitivo”
En esa línea discursiva, Niz, apuntó que “se suma a ello, que es el trabajador el que decide cuando jubilarse, porque la jubilación es un derecho y no es el Estado el que puede iniciar de modo inconsulto un proceso jubilatorio, sobre todo en esta crítica situación económica en que el salario del trabajador ha perdido un 50 por ciento de su poder adquisitivo y por ende impacta en el haber jubilatorio dado que si bien la ley dice que se garantiza un 82 por ciento móvil en la realidad y conforme los sistemas de prorrateo aplicados el trabajador cobra de bolsillo un 75 por ciento de su haber, a lo que se suma que a la fecha solamente se ha incrementado el salario en un 11por ciento totalmente insuficiente para hacer frente a una inflación interanual que supera el 45 por ciento, no cubriendo los gastos de la canasta familiar y otras necesidades”, remató.
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Acciones formales
Aseveró el secretario general de UPCP, que “se solicitará al Gobernador de la Provincia que se deje sin efecto la Circular referida, dado que tanto las oficinas públicas como su personal debe estar abocado a la prioridad que hoy tiene el Chaco, enfrentar al coronavirus y no a la imposición de la jubilación a los trabajadores”.
“Es a todas luces, desatinada la circular dictada, en este contexto, porque se dicta un proyecto de ley para incorporar personal retirado nuevamente a la función pública y contemporáneamente se pretende jubilar en masa al personal que cumple los requisitos”, remarca Niz.
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En el tramo final, afirmó: “Esta acción constituye una imposición inoportuna en relación con el momento que estamos viviendo, y tiene como único objetivo reducir la planta de activos del Estado Provincial, sin prever medidas complementarias para que no se resientan los servicios públicos, sobre todo cuando es de conocimiento público y notorio el déficit de recurso humano en determinadas áreas”, pone en énfasis el secretario general de UPCP.
“Se agrava además la situación porque los cargos vacantes, son eliminados en el presupuesto del año siguiente y esto genera un desmantelamiento de los servicios públicos, cuando deberían planificar medidas para fortalecerlos, por que, más que nunca, necesitamos de la presencia activa del Estado, como institución protectora de derechos”, reafirma Niz.
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