Magistrados y funcionarios judiciales rechazan el proyecto de modificación del régimen jubilatorio presentado por el gobierno nacional. Remarcan que en esta iniciativa hay un total desconocimiento de las realidades provinciales.
Actualidad - Provincia
La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Magistrados y la Función Judicial (FAM), que nuclea a todas las asociaciones de magistrados y funcionarios de las provincias de la Argentina, fue convocada para los días 20 y 21 de febrero de este año, a la capital de la provincia de Corrientes para la sesión de la 115° Asamblea Extraordinaria.
En el primer día de sesión, los integrantes de este organismo se pronunciaron en relación al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación, manifestando públicamente su rechazo al mismo por considerar que atenta contra la independencia judicial.
Señalan, además, que fue elaborado sin la participación de la FAM que representa los intereses de más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os de que la componen. Expresan que en el proyecto se evidencia un desconocimiento de las realidades provinciales, agravando “la acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los Poderes Judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 por ciento de las causas judiciales del país, cuyos sueldos y jubilaciones no son de privilegio y no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de la justicia”.
También expresan que “esta iniciativa desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales, ya que elimina la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres de nuestro país”.
Destacan que “se desconoce la realidad económica del país, la cual puede percibirse en el quehacer diario, pero este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia"..
Finalmente, hace “un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os”
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