La concejal de Resistencia y presidenta del bloque UCR, María Teresa Celada, ratificó su intención de frenar el aumento del boleto de colectivo previsto para el viernes 1 de marzo. Asegura que se violan derechos fundamentales de los usuarios y lamenta que el defensor del pueblo avale esta situación.
En declaraciones radiales, la edil de la capital chaqueña recordó que “el monto de 15,96 pesos se fijó en audiencia pública, que luego el defensor del pueblo, Gustavo Corregido, pidió su nulidad para terminar aceptando dicho monto en audiencia conciliatoria”. A esto, acotó posteriormente: “deciden que, a partir del 1 de marzo, el boleto cueste 17 pesos, fuera de toda normativa prevista”.
Ampliando sus fundamentos, Celada aseguró no saber “de dónde sacaron ese importe, ya que no se presentó ningún estudio que avale el nuevo aumento y lo que me llama la atención es que como Concejo tenemos facultades, por Carta Orgánica, de determinar por ordenanza el precio del boleto”, algo que no habrían tenido en cuanta quienes impulsan el aumento.
Pese a esta situación, la concejal radical lamentó que quienes participaron de la audiencia de conciliación aceptaron el aumento y el juez interviniente “me intima a fijar una tarifa superior a 15,96 pesos”. A esto, consideró que “el juez se excede en sus facultades, porque yo fui electa por un número importante de los ciudadanos de Resistencia, por lo que tengo el derecho de votar o no votar, mientras este magistrado pretende cercenarme estas facultades”.
“Los estudios de costo por encima de 15,96 pesos en el único lugar que tienen validez legal es en el escenario de la audiencia pública.”, afirma Celada.
“Me extraña que el defensor del pueblo, que desde el año pasado viene pidiendo la anulación de las audiencias porque el estudio de costos no le cierran, acuerde un aumento que unos meses antes había cuestionado”, dijo Celada. A lo que acotó que “aún me sorprende más que un grupo de 5 o 6 personas decidan que a partir del 1 de marzo el boleto costará 17 pesos y el usuario no tuvo derecho a saber ni a opinar”.
Finalmente, la legisladora aseguró que “con estas maniobras se están violando derechos fundamentales de los usuarios y como representante del pueblo de Resistencia no voy a permanecer callada ante este atropello”.
