Chaco On LineSíntesis de los ítems principales de la noticia
Objetivo central: Regularizar la situación de los trabajadores precarizados que prestan servicios de limpieza, cocina y mantenimiento en las escuelas de Chaco desde hace más de 10 años.
Mecanismo de solución: Se faculta al Poder Ejecutivo a celebrar contratos de locación de servicios de forma inmediata, gradual y sustentable, sin que esto signifique el pase automático a planta permanente.
Criterio de prioridad: El acceso a los contratos se define por estricto orden de antigüedad.
Reparación histórica: Se incluye a los trabajadores que fueron dados de baja en la transición administrativa de 2024 y que contaban con al menos 2 años de antigüedad.
Control fiscal: La Subsecretaría de Hacienda debe monitorear la disponibilidad presupuestaria para garantizar la viabilidad del proceso.
RESISTENCIA (Julio de 2026).— La diputada provincial Analía Flores, acompañada por representantes legales y referentes del sector, mantiene una reunión clave con trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en establecimientos educativos bajo condiciones de precariedad laboral. Durante el encuentro, la legisladora expone los principales alcances de un proyecto de ley impulsado con el objetivo de brindar una respuesta específica y concreta a este sector.
La iniciativa tiene por objeto resguardar a los trabajadores que desempeñan esa labor y que forman parte activa de la comunidad educativa por más de una década. El texto propone facultar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de locación de servicios con este personal, mediante un mecanismo que permite avanzar en la regularización de su situación laboral de manera inmediata, gradual y con respaldo presupuestario.
"La educación pública también se sostiene gracias al trabajo silencioso de quienes todos los días limpian, cocinan, cuidan y mantienen nuestras escuelas. Hay una deuda pendiente del Estado con personas que vienen realizando esta tarea hace 10 o más años y esta propuesta es un eslabón más para poder avanzar hacia una solución que les brinde el reconocimiento y la estabilidad que merecen", expresa la diputada.
Asimismo, el proyecto establece un orden de prioridad basado en la antigüedad acreditada dentro del programa. De este modo, se garantiza que quienes llevan más años prestando servicios sean los primeros en acceder a la contratación, sin excluir al resto de los trabajadores alcanzados por la norma.
Un punto destacado de la propuesta es que incorpora a exbeneficiarios que quedaron fuera del programa durante el proceso de transición ocurrido en 2024, reconociendo que esa situación respondió a modificaciones administrativas ajenas al desempeño de los trabajadores con un mínimo de 2 años de servicio.
Por otra parte, la propuesta aclara que no implica el ingreso a la planta permanente del Estado ni la creación de nuevas categorías escalafonarias. Su implementación prevé el control de disponibilidad presupuestaria por parte de la Subsecretaría de Hacienda y faculta al Poder Ejecutivo a ejecutar el proceso de forma gradual y sostenible.
"No hay forma de que el gobierno pueda ahorrar a través del despido y o la desvinculación de las y los trabajadores que desarrollan una función fundamental para el funcionamiento del sistema educativo chaqueño", puntualiza de manera tajante la legisladora al cierre de la jornada.
