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RESISTENCIA- La crisis por la falta de agua potable en el barrio Zampa suma este miércoles una nueva instancia judicial determinante. Mientras el Gobierno provincial, Sameep y otros organismos estatales presentan recursos para intentar suspender la medida cautelar que ordena garantizar el abastecimiento urgente, la Justicia avanza con una inspección ocular para constatar la realidad que atraviesan más de mil familias en la zona sur de Resistencia.
La recorrida es encabezada por el juez Julián Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N°21, quien recorre distintos sectores del barrio acompañado por las partes intervinientes. En el lugar, los vecinos relatan ante el magistrado las dificultades que sufren desde hace meses: cortes prolongados, baja presión, conexiones precarias y la imposibilidad de acceder de manera regular a agua apta para el consumo humano.
Una disputa por el derecho al agua
La diligencia judicial se realiza en el marco de la acción colectiva impulsada por los residentes ante la emergencia hídrica. La medida cautelar dictada recientemente obliga al Gobierno provincial, Sameep, la Municipalidad de Resistencia, la Administración Provincial del Agua y el Ministerio de Infraestructura a implementar un esquema urgente de provisión.
La resolución judicial establece un piso mínimo de 100 mil litros diarios, con una frecuencia no inferior a tres veces por semana, para paliar la situación mientras avanza el proceso principal. Ante este escenario, los organismos provinciales presentan recursos legales para intentar frenar la aplicación de la cautelar y dejar sin efecto la asistencia ordenada por el magistrado.
Informe de salud y relevamiento integral
Durante la jornada, las partes relevan las condiciones de acceso al servicio y escuchan los testimonios de los afectados.
El expediente ya incorpora informes técnicos, análisis de muestras y denuncias por afecciones gastrointestinales y cutáneas, especialmente en niños y adultos mayores.
En su resolución, el juez sostiene que el acceso al agua en el barrio es “irregular, insuficiente y, en muchos casos, incompatible con el consumo humano”.
Ante esta situación, la Justicia ordena un relevamiento integral para determinar con precisión la cantidad de familias afectadas y las condiciones reales del servicio, en una causa que mantiene en vilo a cientos de vecinos que exigen el acceso a un recurso básico.
