La coordinadora provincial de Mumalá, Natalia Romero, plantea la necesidad de contención económica para asistir a las víctimas de violencia de género. Pide que "los gobiernos nacional y provincial dejen de hacer la vista gorda y vean la realidad".
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En un análisis sobre las políticas públicas para la prevención de las violencias de género, desde Mujeres para la Matria Latinoamericana, Natalia Romero, coordinadora provincial del espacio analiza la existencia de déficits en la planificación oficial de estas temáticas. “Desde que asumió el nuevo gobierno nacional y ya con los gobiernos anteriores, nosotras veníamos planteando algunas falencias respecto a lo que tenga que ver con políticas de Estado para las mujeres en caso de situación de violencia de género, esto se agrava mucho más en los últimos tiempos dado que elimina el Ministerio de la Mujer que fue un lugar, un espacio institucional que lo hemos ganado con las luchas y reivindicaciones de las mujeres en la calle, durante muchísimos años. Estamos planteando hoy una situación preocupante dado a la cantidad de femicidios que se dan en el país”, alerta la dirigente feminista.
Expone el seguimiento minucioso que vienen desde este sector que responde a Libres del Sur. “Nosotros tenemos un observatorio de mujeres y disidencias que venimos trabajando hace muchos años con la contabilidad y los femicidios dentro del país y específicamente en la provincia del Chaco en nuestro caso. El año pasado hemos terminado con un piso importante de femicidios y este año creció mucho más, en julio de este año en el país tenemos registrado 125 femicidios y hemos hecho la investigación nuevamente hasta el 30 de agosto y aumentó a 146 femicidios en lo que va de enero a agosto del año 2024 . Estamos hablando de esta situación dado que no tenemos hoy en el país un espacio institucional donde se pueda prevenir esto, porque nosotras creemos que el femicidio se puede prevenir teniendo políticas de Estado que complementen todas las situaciones de violencias que pasamos las mujeres cotidianamente”, considera Romero.
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Al poner la mirada sobre la situación sobre las políticas de género en Chaco, la coordinadora de Mumalá relata: “a nivel provincial, justamente para no ir tan lejos, ayer había una mujer en situación de violencia que no puedo decir el nombre pero sí que había un caso que la estaban sacando de algunos de los albergues porque ya no había lugar y acá hay dos o tres albergues que están en funcionamiento y, según la secretaria de Género de la provincia dice que hay 9 en toda la provincia, pero que no todos están en funcionamiento y de lo que tenemos funcionamiento es que dos funcionan que son de Estado y después hay lugares que funcionan ad honorem por mujeres que mantienen los espacios de albergues transitorios para mujeres en situación de violencia y que a la fecha han tenido que cerrar, algunos de ellos porque no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno que recibían anteriormente, por ejemplo; la cuestión alimentaria que hay que tener para la mujer y sus hijos en ese período de transición”. A esto, amplía: “Además, hay capacitación en promoción de derechos de las mujeres, en los hechos hoy no contamos con un programa específico para combatir lo que es la violencia y no llegar a esto que es una cifra alarmante que son los femicidios que hoy tenemos en la provincia y a nivel nacional”.
De todos modos, llama a que desde la gestión actual se utilicen las estimaciones de costos aprobadas para la aplicación de políticas públicas para prevenir la violencia hacia las mujeres. “Nosotras somos un grupo de compañeras que no contamos con ningún tipo de recurso del Estado todo lo que hacemos lo hacemos solidariamente. Hoy no contamos con un grupo de profesionales abogados y psicólogos que son superimportantes para todo el proceso que tiene que ver con la violencia de género e instamos al gobierno nacional provincial a que esos espacios puedan tener lo que debe ser y para eso se deben implementar políticas de Estado no solamente en el sello o en el cartel como nosotras lo llamamos sino que se cumpla con presupuestos asignados con personas idóneas en el tema para que puedan llevar adelante la situación que llevamos adelante las mujeres cotidianamente”, exhorta la referente de Mumalá.
Romero comenta también sobre los planteos expuestos tanto a la Legislatura como al Ejecutivo chaqueño. “Desde hace mucho tiempo, venimos pidiendo la declaración de emergencia por violencia de género y en la provincia hemos presentado proyectos de ley en la Cámara de Diputados y también hemos llevado nuestra preocupación al Poder Ejecutivo, la preocupación que tenemos cotidianamente por los casos de violencia que se generan y también hemos planteado la cuestión de la Línea 137 en nuestra provincia, que es una línea que se recibe las denuncias pero que al día de hoy cuenta con una reducción de personal, que eso también lo implemento el nuevo gobierno de la provincia.”, detalla.
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Menciona asimismo que desde Mumalá han promovido la proclamación de alerta para el sector. “Hemos presentado una propuesta popular, después presentamos firmas pidiendo que se declare la emergencia por violencia de género”, menciona.
Al estimar sobre las políticas de prevención de abusos que sufren las mujeres cotidianamente, Romero evalúa: "Actualmente hay mucho por hacer, que es parte del gobierno nacional y provincial que dejen de hacer la vista gorda y hacer ver la realidad que pasamos todos los días las mujeres y no solo lo decimos de boca a boca, porque también tenemos estudios realizados y contabilizados, los casos de violencia, los casos de femicidios y las mujeres necesitamos que nos protejan, no solo desde la palabra sino desde lo institucional, porque no contamos con una ayuda o un acompañamiento, porque las mujeres cuando pasamos por el ciclo de violencia necesitamos contención en todos los sentidos, no solamente con un abogado o un psicólogo, sino un acompañamiento económico para poder salir del lugar de su agresor”, considera Romero.
Mónica Carolina Báez
Mumalá, a través de su observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", expresa alarma ante la disminución de denuncias en víctimas de femicidios. En su informe por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, afirma que es el porcentaje más bajo de los últimos 5 años.
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