El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace en forma permanente revela que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de este año se desmontan 42.565 hectáreas de bosques, una superficie similar a la de dos veces la ciudad de Buenos Aires. La organización ecologista reclama que se prohíban y penalicen los desmontes e incendios.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos provinciales y la impunidad de grandes empresarios agropecuarios en este crimen ambiental. La Sociedad Rural salió a manifestarse públicamente contra el avance de nuevas leyes ambientales como la de humedales y la de delitos forestales”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista realiza el monitoreo satelital en Santiago del Estero (16.805 hectáreas deforestadas), Salta (11.832 hectáreas), Formosa (8.718 hectáreas), y Chaco (5.210 hectáreas). Estas provincias concentran el 80 por ciento de los desmontes del país por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería, que en gran medida se exportan a China y Europa.
“Más desmontes significan más enfermedades, más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, advierte Giardini.
Greenpeace está impulsando una petición a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán), y Chaco (Jorge Capitanich) para que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace en forma permanente revela que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de este año se desmontan 42.565 hectáreas de bosques, una superficie similar a la de dos veces la ciudad de Buenos Aires. La organización ecologista reclama que se prohíban y penalicen los desmontes e incendios.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos provinciales y la impunidad de grandes empresarios agropecuarios en este crimen ambiental. La Sociedad Rural salió a manifestarse públicamente contra el avance de nuevas leyes ambientales como la de humedales y la de delitos forestales”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista realiza el monitoreo satelital en Santiago del Estero (16.805 hectáreas deforestadas), Salta (11.832 hectáreas), Formosa (8.718 hectáreas), y Chaco (5.210 hectáreas). Estas provincias concentran el 80 por ciento de los desmontes del país por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería, que en gran medida se exportan a China y Europa.
“Más desmontes significan más enfermedades, más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, advierte Giardini.
Greenpeace está impulsando una petición a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán), y Chaco (Jorge Capitanich) para que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
