“La nefasta, mezquina y discriminatoria política salarial que el Poder Ejecutivo provincial viene desarrollando estos últimos tres años, para con los trabajadores judiciales, con el aval tácito o directo de algunos sectores del mismo Poder Judicial, parece querer sumar un nuevo capítulo luego de la imposición de los Decretos Nº 492/18 y 2.761/19, los que resultan a todas luces inconstitucionales, ilegales y contrarios a la jurisprudencia en la materia (sentencia 296 y 22 del Caso Müller) la que establece: ‘todo adicional es parte integrante del sueldo del juez del Superior Tribunal de Justicia y como tal debe trasladarse proporcionalmente al resto del personal’”, plantea la Unión Judicial en un documento.
“Con los anteriores gobernadores siempre tuvimos paritarias, convenciones colectivas de trabajo y apertura al diálogo, como no se da en esta gestión, con imposición de decretos que fueron públicamente rechazados por el conjunto de los trabajadores y por la Asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, la cual dispuso a lo largo de estos años medidas de fuerza, reclamos administrativos y judiciales”, expone el sindicato que conduce Walter Bernard.
“Pareciera que estos operadores del gobierno y de la justicia pergeñan: ‘a ver cómo lo disfrazamos para que lo acepten’, buscando de todas formas disminuir el descontento de los trabajadores y la sociedad, lo cual lejos está de lograrse, producto del constante avasallamiento a las instituciones, leyes, sentencias y paritarias, llevando el salario de los judiciales chaqueños a ser uno de los peores de toda la justicia del país, en una de las provincias con mayor presupuesto per cápita”, asevera.
